El estudio de la violencia política

Por: Francisco Herreros Vázquez
Fuente: Revista “Zona Abierta” nº 112-113, Otoño/Invierno 2005 

Introducción:

En las últimas dos décadas los estudios desde la ciencia política de las diferentes formas de violencia política han experimentado un fuerte crecimiento. Si se echa un vistazo a los grupos dedicados al estudio de represión estatal, guerras civiles o terrorismo en los congresos de la Asociación Americana de Ciencia Política, se observará que su número ha crecido exponencialmente en los últimos años. Para muchos, la causa fundamental de este creciente interés por el estudio de la violencia política está en el final de la guerra fría y el aumento de las guerras civiles y conflictos étnicos que este final ha generado. Desde 1945, se dice, la mayor parte de los muertos en guerras en todo el mundo se ha producido en el seno de guerras civiles, no de guerras entre Estados, y desde la caída de la Unión Soviética en 1991, el número de guerras civiles por motivos étnicos o nacionalistas se ha disparado. En realidad, aunque los conflictos étnicos y nacionalistas crecieron de manera importante en la primera mitad de la década de 1990, lo cierto es que a partir de entonces han tendido a disminuir, y, de hecho, no se puede decir que tras la caída de la Unión Soviética las guerras civiles sean ahora más numerosas, aunque sí que son más duraderas (Fearon y Laitin, 2003). El crecimiento de la amenaza terrorista en los países occidentales es probablemente una razón igualmente importante que explica el creciente interés por los estudios de violencia política. En todo caso, parece un programa de investigación con un futuro prometedor en la ciencia política.

Las formas de violencia política son muy variadas y, en consecuencia, también los estudios que se han ocupado de ella. Los actores en estos estudios pueden ser el Estado y los ciudadanos, en estudios sobre represión estatal, o el Estado y un grupo terrorista, o un movimiento insurgente, o dos grupos sociales, o comunidades étnicas, o grupos nacionales que luchan por el control del Estado en una guerra civil. En cierta medida, los estudios sobre violencia política se ocupan de las condiciones bajo las cuales distintos grupos, organizaciones e individuos superan (o no) problemas de acción colectiva para perseguir determinados objetivos. El recurso a la represión estatal suele tener como objetivo (aunque no en todos los casos) impedir que la población se organice para oponerse al régimen, o que otorguen su apoyo a un grupo de oposición ya existente. Los grupos de oposición violenta, desde terroristas hasta grupos insurgentes guerrilleros, tienen que adaptar sus estrategias ante el nivel y la modalidad de represión estatal, que impone obstáculos para su organización. En el caso de las guerras civiles, los empresarios políticos tienen que manejar la incertidumbre que cada grupo social tiene frente a los demás para conseguir que un porcentaje significativo de la población esté dispuesta a aglutinarse en torno a puntos focales como la nacionalidad o la etnia con motivos violentos. La superación de esos enfrentamientos supone también habitualmente problemas de acción colectiva. Por ejemplo, los procesos de paz para acabar con una guerra civil a menudo se ven obstaculizados por “dilemas de seguridad” en los que ninguna de las partes quiere desarmarse por temor a que la otra no cumpla el acuerdo de desarme. Estos dilemas de seguridad pueden ser vistos como problemas de coordinación, o, dependiendo de las preferencias atribuidas a las partes, como dilemas del prisionero, y para su superación a menudo se requiere soluciones clásicas de los dilemas de acción colectiva, como la presencia de una tercera parte que imponga los acuerdos.

Pensemos, en primer lugar, en el Estado como represor. Un Estado, sea cual sea el tipo de régimen al que nos refiramos, emplea la represión para impedir la organización de grupos opositores violentos. En este sentido, el Estado persigue impedir que sus enemigos superen sus problemas de acción colectiva. La modalidad, la intensidad de la represión, estará determinada por distintos factores, que van desde el tipo de régimen de que se trate hasta la magnitud o las formas de oposición a las que se enfrenta. Parece ser, y ésta es una de las conclusiones con más consenso dentro de esta literatura, que las democracias emplean un menor grado de represión que las dictaduras (Howard y Donnelly 1986; Henderson 1991: 123, 132; Poe y Tate 1994: 856, 860; Davenport 1995: 690; Gartner y Regan 1996: 274; Tilly 2003: 40, 44; Rummel 2004). El control democrático sobre lo que Tilly (2003: 30, 40) denomina “especialistas en despliegue de violencia” (soldados, policía) se supone que restringe la capacidad de emplear una represión intensa por parte de los regímenes democráticos. Igualmente, las democracias están más comprometidas con los derechos humanos (Poe y Tate 1994: 856; Howard y Donnelly 1986), lo cual debería influir, por ejemplo, en el uso de técnicas policiales no especialmente violentas. La literatura sobre control policial de las protestas parece que se refiere a esto cuando considera que los “estilos policiales” se relacionan, entre otras cosas, con la “cultura política” del país, su sistema político, la estructura de oportunidades políticas y otras características institucionales (Della Porta y Reiter 1998: 9; Reiner 1998: 36; Wisler y Kriesi 1998: 91; Jaime y Reinares 1998: 166). La conclusión habitualmente alcanzada en esta literatura es que en los países occidentales la respuesta policial a las protestas es cada vez más moderada (Marx 1998: 254). Finalmente, otra posible constricción a la capacidad de las democracias de reprimir podría ser que los regímenes democráticos son más sensibles al escrutinio de sus políticas represivas por parte de instituciones internacionales de defensa de los derechos humanos, como, pongamos por caso, Amnistía Internacional o Human Rights Watch . Esta idea ha sido defendida por Gartner y Regan (1996: 276), y en cierta medida en los trabajos de James Ron sobre las modalidades de violencia policial contra los palestinos por parte de la policía y el ejército de Israel (Ron 1997, 2000).

A primera vista, si la capacidad de emplear la violencia por parte del Estado es menor, cabría pensar que en las democracias hay una menor posibilidad de impedir que grupos de oposición superen sus problemas de acción colectiva y se organicen en contra del Estado. En este sentido podemos pensar en varias posibilidades. En primer lugar, podemos considerar que en las democracias las preferencias de los ciudadanos no incluirán habitualmente la participación en grupos violentos contra el Estado. Esto podría ser, por ejemplo, porque las democracias gocen de una mayor “legitimidad” entre la ciudadanía. Este argumento ha sido empleado, entre otros, por Davenport (1995: 690), e incluye la idea, por ejemplo, de que las minorías nacionalistas o culturales se sentirán más cómodas en una democracia (porque se les discriminará menos que en otro tipo de régimen) y por ello tendrán menos incentivos para oponerse violentamente al Estado. Si asumimos que es cierto, cabría esperar menores desafíos violentos en las democracias, lo que llevaría a una menor represión. Una objeción a esta idea podría ser que, aunque de hecho las democracias cuenten con un nivel de aceptación mayor entre sus ciudadanos del esperable en una dictadura, en realidad para que surja un grupo insurgente sólo se requiere que un porcentaje insignificante de la población tenga un incentivo suficiente para “alzarse en armas” contra el gobierno, por así decirlo. De acuerdo con Fearon y Laitin (2003), en unas condiciones adecuadas (como, por ejemplo, terreno montañoso, apoyo local y mejor conocimiento del medio que el gobierno), un grupo guerrillero de 500 a 2.000 personas podría iniciar una guerra civil [ 1 ] . Aunque el régimen democrático sea, digamos, más “legítimo”, un porcentaje tan pequeño de personas con preferencias intensas contra el Estado es plausible que pueda darse incluso en una democracia. Podríamos pensar, por lo tanto, que, dado que el Estado se ve constreñido por el respeto a los derechos humanos pero al mismo tiempo es probable que haya un grupo lo suficientemente grande de ciudadanos con agravios reales o imaginarios y unas preferencias lo suficientemente intensas al respecto como para decidirse a emplear la violencia para conseguirlas, las democracias deberían acostumbrarse a sufrir terrorismo, insurrecciones o guerras civiles, o bien emplear una “guerra sucia” encubierta al margen de la legalidad. Afortunadamente, las democracias occidentales raras veces se encuentran con amenazas internas violentas a su propia supervivencia. La democracia reprime menos, pero también tiene menos amenaza de insurgencias y guerras civiles. Como hemos dicho, esto último puede no deberse a que las democracias tengan más apoyo popular, porque pequeños grupos de insurgentes pueden de hecho iniciar una guerra. La explicación puede estar, si seguimos a Fearon y Laitin (2003), en que las democracias occidentales suelen tener los Estados más eficaces, por lo que una violencia muy selectiva puede ser suficiente para acabar con amenazas graves a la supervivencia del Estado. En este caso, la variable clave no es la democracia, sino la eficacia del Estado (algo que puede que sea, a su vez, consecuencia del carácter democrático del régimen). Las democracias, que no pueden aplicar una violencia cruda debido a sus constricciones institucionales internas y quizá a su sensibilidad a los controles internacionales, se salvan, no obstante, por la presencia de Estados eficaces que pueden detectar el peligro y eliminarlo en sus fases iniciales o reducirlo a una escala menos peligrosa para la supervivencia del propio Estado. Por tanto, el que no se den casos de terrorismo estatal extremo en las democracias probablemente sea una consecuencia tanto de la estructura institucional de esos regímenes como de que no necesitan aplicar tanta violencia.

Los casos de aplicación de violencia extrema se dan fundamentalmente en los regímenes autoritarios. Un problema con este tipo de violencia es que no siempre parece ser muy efectiva. Una represión extrema no siempre consigue acabar con la violencia contra el Estado, aunque en ocasiones se argumente lo contrario (Muller y Weede 1990: 635). Por un lado, tal como argumenta Bueno de Mesquita (2005) refiriéndose al terrorismo, si el Estado endurece sus políticas represivas, disminuirá la capacidad de los terroristas para llevar a cabo sus ataques, pero, por otro lado, puede aumentar las motivaciones ideológicas de los terroristas y generarles más simpatizantes. A menudo, la detención de líderes disidentes aumenta su aura honorable, lo que constituye un buen banderín de enganche para nuevos simpatizantes (Francisco 2005: 64). De hecho, en la literatura hay tanto argumentos que apoyan la idea de que más represión disminuye la oposición violenta al régimen como argumentos que defienden la idea contraria (Lichbach 1987: 269). Hay varios ejemplos de cómo una violencia estatal indiscriminada conduce a mayor movilización de seguidores para la insurgencia. En el caso de Palestina,el cierre de la frontera por parte de los israelíes, el bombardeo de asentamientos palestinos y el encarcelamiento, en muchas ocasiones arbitrario (Ron 2000: 455), de un gran número de palestinos en Gaza y Cisjordania solo parece haber aumentado el apoyo a los militantes anti-israelíes (Bueno de Mesquita, 2005). En El Salvador durante la década de 1980, la enorme represión por parte del Estado probablemente tuvo como consecuencia principal aumentar los apoyos para la guerrilla del FMLN (Stanley 1996: 131; Mason y Crane 1989: 175; Wood 2003: 13). Algo similar ocurrió durante las primeras fases de la lucha contra Sendero Luminoso en Perú (Ron 2001: 587), y durante el régimen comunista en Afganistán antes de la invasión soviética (Maley 1991). Tal como concluye Kalyvas (1999: 251; 2004: 113-114), la violencia indiscriminada tiende a ser contraproducente (véase también Francisco 2005: 62-64). No obstante, hay casos en los que el endurecimiento de la represión sí tiene éxito en eliminar amenazas violentas al Estado (Bueno de Mesquita 2005). Probablemente la clave no esté únicamente en la severidad de la represión, sino en su carácter indiscriminado o no. Pongamos por caso las masacres llevadas a cabo por los insurgentes islámicos en Argelia en la década de 1990. Estas masacres suponían el empleo de una violencia extrema por parte de un grupo insurgente (no un Estado en este caso), y en cierto sentido tuvieron cierto éxito en mantener el apoyo al grupo insurgente en las zonas rurales. Este éxito se relaciona, de acuerdo con Kalyvas (1999), con el carácter selectivo de la violencia (contra lo que comúnmente se piensa de las masacres en general y de las masacres argelinas en particular): la mayoría de las víctimas eran simpatizantes islamistas que o bien habían retirado su apoyo a los rebeldes o estaban dispuestos a ello. Las matanzas eran una señal de cuáles eran los costes de abandonar a los rebeldes. Probablemente si hubieran sido indiscriminadas o aleatorias su eficacia no habría sido tanta.

Sea cual sea la efectividad de la aplicación de una violencia extrema, lo cierto es que en la mayor parte de los casos en que se aplica este nivel de violencia los autores suelen ser Estados autoritarios. Una posible explicación es que las decisiones tomadas en el seno de un régimen dictatorial son una combinación de su ideología, sus constricciones institucionales y de lo que James Ron (2003) denominaría la “capacidad infraestructural” del Estado. Las explicaciones ideológicas de la represión llevada a cabo por las dictaduras son especialmente frecuentes. El libro de R. J. Rummel Death by Government es un buen ejemplo de explicación de genocidios y “democidios” empleando como variable principal la ideología del régimen represor: el marxismo-leninismo en el caso de la Unión Soviética, Vietnam y la China comunista, el nacionalismo en el caso del Japón anterior a 1945, o el odio hacia una religión diferente en el caso del genocidio pakistaní sobre los hindúes de Bangladesh en 1971 (Rummel 2004). Una idea similar sobre el papel determinante de ideologías “totalitarias” en represiones masivas es sostenida, entre otros, por Kelman (1973), Charny (1982), López (1984: 63-64), Brockett (1991: 69-70) y Naimark, al menos en lo referente al genocidio armenio (2001: 42). Un problema de estas explicaciones es que el nivel de represión entre, digamos, la Unión Soviética de Lenin, Stalin y Brezhnev es muy diferente, a pesar de que los cambios dentro de la ideología oficial marxista-leninista no sean muy pronunciados.Una variable más prometedora es probablemente la ausencia de las constricciones institucionales que limitan la acción de las democracias. Las dictaduras tienen menores controles internos que las democracias al uso de la violencia, y probablemente se ven también menos constreñidas por las presiones de organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos. Esto en todo caso explica parte del conjunto de oportunidad de un dictador, pero no por qué toma la decisión de reprimir de manera extrema (aunque para algunos autores, como Davenport (1995: 691), mayor capacidad de represión implica automáticamente mayor probabilidad de reprimir). Otras condiciones que afectan a su conjunto de oportunidad, pero que no explican sin más su decisión de emplear una represión máxima son, por ejemplo, una guerra externa o una guerra civil, que “abre la estructura de oportunidades políticas del régimen” (Krain 1997: 332). Los genocidios y la “limpieza étnica” están muy relacionados al parecer con la guerra, tanto civil como externa, que ofrece la cobertura necesaria para llevar a cabo procesos que de otra manera no se habrían producido debido al escrutinio de la comunidad internacional (Naimark, 2001: 187). Pero una vez establecido que las dictaduras tienen menos constricciones que las democracias para aplicar una violencia extrema, y que bajo determinadas condiciones, como una guerra externa o una guerra civil, esas constricciones son aun menores, nos queda por explicar por qué es tan frecuente el empleo de estas formas externas de violencia en las dictaduras. Una explicación posible es que la mayor parte de las dictaduras son Estados débiles. Esta explicación es similar a la que veíamos en el caso de las democracias, y en realidad reduce considerablemente el impacto de la variable “tipo de régimen”. La variable clave sería de nuevo la eficacia del Estado, o su “poder infraestructural”. Varios autores han destacado que parte de la explicación de la violencia estatal es la debilidad del Estado. Por ejemplo, Stanley (1996: 131) considera que parte de la explicación de la arbitrariedad y la magnitud de la represión en El Salvador se encuentra en la baja capacidad del Estado de recabar información acerca de cuáles eran sus opositores. En su estudio sobre Serbia e Israel, Ron (2003) considera que es en las “fronteras” (Bosnia en el caso de Serbia, el sur del Líbano en el caso de Israel) donde la capacidad infraestructural del Estado es más débil y donde, como consecuencia de ello, la intensidad y arbitrariedad de la violencia empleada es mayor. Para Boudreau (2005: 35-38), la presencia de Estados precarios explica que a menudo pequeños desafíos se enfrenten a una represión brutal, mientras que otros pasen desapercibidos: si las autoridades son débiles, pueden no tener capacidad para responder a cada desafío, y deben establecer prioridades. Según Bushnell, Shlapentokh, Vanderpool y Sundram (1991: 11) una de las condiciones para que se produzca terrorismo estatal es que el Estado sea muy débil, o incluso que las instituciones del Estado se encuentren en una situación de ineficacia caótica. Estados débiles, con poca capacidad de penetración social, tendrán una menor capacidad de descubrir a aquellos que se le oponen.Por ello es más probable que recurran a modalidades arbitrariasde represión, deteniendo a ciudadanos al azar (o de forma indiscriminada: es decir, seleccionando arbitrariamente a individuos pertenecientes a grupos sociales supuestamente opuestos al régimen), o aplicando formas extremas de represión con fines ejemplarizantes.

En la literatura sobre guerras civiles, es igualmente la debilidad del Estado la que puede promover el conflicto, aunque por razones algo distintas. Un cambio que produzca debilidad del Estado, como la independencia de Eslovenia y la desintegración de la Federación yugoslava, la caída del régimen de Siad Barre en Somalia en 1991, o simplemente la transición a la democracia desde un gobierno autoritario favorece la violencia porque, digamos, sitúa a las partes en una posición “hobbesiana” de guerra de todos contra todos. Un gobierno débil no puede evitar que estalle la violencia. Esta violencia puede iniciarse, por ejemplo, porque algún empresario político (probablemente miembro de la antigua elite estatal) manipule la incertidumbre de los ciudadanos en la nueva situación de extrema debilidad del Estado para reunir apoyo social a políticas violentas en torno a, por ejemplo, la nacionalidad o algún otro tipo de comunidad imaginaria (Hardin 1995: 142; Tilly 2003: 76;Woodward 1999: 85; Snyder 2000: 36), incluso aunque, en una situación de gran incertidumbre, el empresario político cometa un error al evaluar la capacidad del Estado (Posen, 1993). Una vez que la violencia se ha puesto en marcha, tal como argumenta Hardin (1995: 144), los otros grupos sociales tienen a su vez un incentivo para organizarse, dado que su seguridad se ve amenazada. Curiosamente, para que la caída del Estado genere violencia no es necesario que las partes tengan preferencias violentas o deseos de hacerse con el Estado (o lo que quede de él) a cualquier costa. Naturalmente que la caída o el debilitamiento del Estado genera preferencias en ese sentido. En Ruanda, por ejemplo, está claro que las elites políticas y económicas del “Poder Hutu” manipularon los temores de la población hutu ante un eventual acuerdo de paz con la guerrilla tutsi, pero no cabe duda de que sus intenciones eran afianzar su poder y privilegio a cualquier costa, incluido el genocidio de la minoría tutsi (Jones 1999; Gourevich 1999). También en el caso de Camboya tras la caída de los jemeres rojos las partes tenían intenciones claramente ofensivas (Doyle 1999: 189). En Somalia, las luchas entre señores de la guerra no se debieron al parecer a temores mutuos, sino a que todos perseguían el mismo objetivo: el control del Estado (Laitin 1999: 153), un objetivo compartido también en Yugoslavia por líderes como Milosevic. Pero, como ya he dicho, ni siquiera es necesario para que se produzca un conflicto como consecuencia de la caída o debilitamiento de un Estado que las partes tengan preferencias ofensivas. Basta considerar que se encuentran atrapadas en un “dilema de seguridad”, un término tomado de los estudios de relaciones internacionales para aplicarlo a situaciones de estallido de guerra civil y a acuerdos de paz en guerras civiles. En el dilema de seguridad, los esfuerzos de cada parte por incrementar su propia seguridad reducen la seguridad de los otros (Snyder y Jervis 1999: 15). Puede que ambas partes deseen vivir en paz, pero al no conocer sus mutuas preferencias, cada parte tiene incentivos para intentar mejorar su seguridad armándose, lo que a su vez pone sobre alerta a la otra parte y aumenta sus temores. Esto puede producir una escalada que termine en conflicto. Los acontecimientos que pueden aumentar el temor de distintos grupos sociales y conducir a la guerra podrían ser, según Barbara Walter (1999a: 4), el colapso del Estado, que un grupo minoritario se vea geográficamente aislado dentro de una comunidad étnica mayor, que el equilibrio de poder político cambie de un grupo a otro, que los recursos económicos cambiende mano, o que se pida a los distintos grupos que desarmen sus ejércitos partisanos. En una situación de incertidumbre, es relativamente normal que las partes desconfíen de las intenciones de los demás. Las señales que se lanzan deben de ser lo suficientemente costosas para que sean creíbles. Por ejemplo, en el caso yugoslavo, la decisión de los líderes croatas y serbios de negociar un acuerdo para evitar el enfrentamiento antes de que comenzase la guerra podía ser interpretada por los ciudadanos como señales de las buenas intenciones de ambos. No obstante, los ciudadanos podían pensar igualmente que unos líderes con intenciones agresivas pueden tener ciertos incentivos para imitar el comportamiento de líderes con intenciones pacíficas. En Yugoslavia, las negociaciones de paz pudieron ser manipuladas por Milosevic para presentarse como un líder pacífico y presentar a su vez a los croatas como agresores. La falta de información de los ciudadanos permitía que los empresarios políticos de uno y otro bando pudiesen manipularles (De Figueiredo y Weingast 1999). Pero, además de ello, otros problemas para realizar una evaluación mesurada de las preferencias de los demás son la falta de tiempo para obtener información correcta y las consecuencias potencialmente devastadores de confiar equivocadamente en un entorno de violencia (Walter 1999b: 304-305). Una forma de solucionar este problema de coordinación entre grupos que básicamente prefieren una solución pacífica es mediante una tercera parte, normalmente la ONU o una potencia extranjera, capaz de hacer cumplir los acuerdos, garantizando que las partes que los incumplan serán sancionados, o proporcionando a las partes información acerca de las preferencias de los demás (Walter 1999b: 305-306). El problema, claro está, es que ese compromiso de la ONU o la potencia extranjera en cuestión sea realmente creíble. La falta de credibilidad puede ser manifiesta, como en el caso de la intervención estadounidense en Somalia, donde las propias autoridades norteamericanas declararon que su intervención sería temporal y que se retirarían si sufrían bajas (Laitin 1999), o quizá pueda verse determinada por falta de información sobre el terreno. Si la tercera parte deja claro por sus acciones que tiene poca información acerca de las preferencias de los contendientes, su mediación puede tener poca credibilidad no tanto porque sus intenciones puedan ser dudosas, sino porque sus consejos son poco fiables.

En suma, la intensidad y la forma de la represión por parte del Estado probablemente tiene algo que ver con el tipo de régimen, pero una variable más importante es seguramente la eficacia del Estado: Estados eficaces (que, además, suelen ser democracias) tenderán a reprimir menos y de manera menos brutal que Estados corruptos e ineficaces (que además suelen ser dictaduras).

Hasta ahora nos hemos referido a cómo el Estado emplea la represión para evitar que grupos sociales organicen una oposición violenta. La represión estatal está dirigida en la mayoría de los casos a impedir que estos grupos superen sus dilemas de acción colectiva. Desde el punto de vista de los grupos opositores que emplean la violencia contra el Estado, sean grupos terroristas, rebeldes guerrilleros o un bando opositor al Estado en una guerra civil, se puede analizar también bajo qué condiciones se organizan en contra del Estado. En primer lugar, podemos ver bajo qué condiciones surgen grupos de oposición violenta al Estado. Una primera respuesta evidente es que la presencia de agravios, injusticias, o distintas reivindicaciones puede ser lo que provoque el surgimiento de grupos rebeldes o terroristas. Una objeción posible a esas ideas es que, si bien una situación de injusticia y explotación puede proporcionar motivaciones para la acción, normalmente los que se encuentran en esa situación carecen de los recursos para organizarse y superar sus problemas de acción colectiva. Según Tilly (1978) aquellos que están sujetos a una mayor explotación probablemente sólo tengan medios para llevar a cabo acciones colectivas defensivas, no ofensivas (véase también Hardin 1982: 62-64). Algunos análisis empíricos, como el de Henderson (1991: 133), concluyen que el grado de desigualdad es importante para explicar la represión estatal, aunque no está claro si esto también está relacionado con el estallido de revueltas y oposición violenta al régimen. En el detallado análisis empírico de Fearon y Laitin (2003), la desigualdad en la distribución de la renta no tiene ningún impacto en la probabilidad de estallido de una guerra civil (aunque los autores reconocen que los datos acerca de distribución de la renta para su base de datos son muy precarios). Tampoco otros indicadores de agravios sufridos por grupos sociales, como la discriminación lingüística y religiosa, tienen impacto en el análisis de Fearon y Laitin en la probabilidad de estallido de una guerra civil. Aunque la presencia de esos factores puede generar, como ya hemos dicho, las motivaciones para oponerse al Estado, para que se pase de ahí a la violencia se necesita mucho más. Las desigualdades o la discriminación por diversos motivos son demasiado frecuentes, mucho más que las guerras civiles o las acciones terroristas, por lo que es difícil que sean una buena variable para explicar el surgimiento de guerras civiles o movimientos insurgentes o terroristas. Fearon y Laitin mencionan otros factores, como condiciones que favorecen la insurgencia (como un Estado débil o un terreno adecuado para que los rebeldes puedan ocultarse y sostener una guerra prolongada con el Estado), que posiblemente resulten más decisivos a la hora de explicar por qué surge una oposición al Estado. Parte de las guerras civiles posteriores al fin de la guerra fría pueden explicarse, en este sentido, por la mayor debilidad del Estado como consecuencia de la retirada del apoyo de una de las superpotencias. Esto probablemente sea más común en África, donde la emergencia, sobre todo en el África subsahariana, de lo que Brubaker y Laitin (1998: 424) denominan “cuasi-Estados” ha propiciado el surgimiento de procesos de violencia étnica. Cuando el Estado es débil, como ya vimos anteriormente, hay incentivos para que surjan grupos que desafíen su monopolio de la violencia. Otro factor a tener en cuenta es la presencia de empresarios políticos que organicen a los grupos potencialmente movilizables para la insurgencia. Algunos relatos, digamos esencialistas”, de las razones para la rebelión acentúan que determinadas características, como la etnia o la cultura, están fuertemente arraigadas y son la base para el enfrentamiento civil. Un ejemplo posible de esto es Huntington (1996). Estos relatos, al igual que otros que consideran que, por ejemplo, la guerra de Yugoslavia tiene su origen en una batalla librada entre serbios y otomanos en el siglo XIV , deberían ser desechados sin más o dejados para su empleo exclusivo por líderes nacionalistas. En términos estrictamente académicos, los relatos históricos nacionalistas deberían considerarse en general dudosos en el mejor de los casos (véase Hobsbawm 1989 para una crítica a los relatos históricos nacionalistas), y, en todo caso, las explicaciones del conflicto étnico basadas en el “odio ancestral” entre distintas etnias y culturas son en general incapaces de superar el problema de que en prácticamente todos los casos los grupos en conflicto han vivido en paz a lo largo de la historia. Desde un punto de vista más racional, se pueden explorar las razones por las cuales alguien podría querer unirse a un grupo estructurado en torno a la etnia, la nacionalidad o la cultura. En primer lugar, es necesario que se den las condiciones para que el grupo en cuestión llegue a desarrollarse.

En el caso de los conflictos étnicos o nacionalistas, la combinación de debilidad del Estado, transición desde un gobierno autoritario o cualquier otro cambio en el statu quo y presencia de un empresario político parecen ser condiciones imprescindibles para que un determinado grupo supere sus problemas de acción colectiva e inicie una senda violenta contra el Estado o contra otro grupo. Una vez que ese grupo estructurado en torno a la raza, la etnia o cualquier otra característica existe, los dilemas de acción colectiva para unirse a él en gran medida desaparecen, al menos bajo determinadas circunstancias. Desde el punto de vista del individuo, al unirse al grupo el objetivo puede ser la consecución de ciertos bienes privados, por lo que en realidad no hay problema de acción colectiva. Hardin (1995) ha señalado cómo bajo determinadas condiciones es perfectamente racional unirse a un grupo de ese tipo. En una situación en la que los recursos son fijos y limitados, y algunos pueden formar un grupo que consigue la hegemonía sobre la sociedad, se pueden extraer una parte desproporcionada de los recursos totales para los miembros del grupo. El resto de la sociedad, en esas condiciones, tendrá un incentivo para organizarse en contra de ese grupo y defender su posición y su bienestar (Hardin 1995: 142). Todo lo que se necesita para hacer que el conflicto entre los dos grupos sea manifiesto son definiciones plausibles de qué características se requiere para pertenecer a un grupo u otro. Ciertas diferencias, como la raza, la religión o el idioma, pueden ser puntos focales lo suficientemente diferenciados como para facilitar la movilización. En estas condiciones, participar en una organización nacionalista tiene indudables ventajas: no sólo puede acarrear ventajas materiales en el caso de que el grupo al que pertenecetriunfe, sino que, una vez que se ha iniciado el conflicto, pertenecer a un grupo puede protegerte de la violencia de los demás. En otras ocasiones, como en el caso del genocidio en Ruanda, unirse al grupo dominante es una cuestión de vida o muerte. Muchos de los hutus reclutados por las patrullas de asesinos del “Poder Hutu” tenían que optar entre ser verdugos o víctimas. Una vez que se unían a las partidas, aun siendo contrarios al exterminio de los tutsis, tenían un incentivo ulterior para seguir participando en el genocidio: el temor a las represalias tutsis en caso de que la guerrilla del RPF alcanzase el poder (De Figueiredo y Weingast 1999).
En suma, hemos visto cómo los estudios sobre violencia política se ocupan, en cierto sentido, de cómo el Estado emplea la represión como un “obstáculo a acciones individuales o colectivas por parte de opositores al poder estatal” (McPhail y McCarth 2005: 3-4), es decir, como un obstáculo para que grupos opositores violentos superen sus dilemas de acción colectiva. Se han aportado diversas variables para intentar explicar el grado y la modalidad de la represión empleada por el Estado, desde el tipo de régimen hasta la “cultura política” y los “estilos de control policial de las protestas”. Probablemente la variable más prometedora, no obstante, es la relacionada con la eficacia o el “poder infraestructural del Estado”. Esta explicación en cierta medida hobbesiana de los conflictos sirve para dar cuenta en parte de las razones por las que surgen los grupos opositores violentos al gobierno. Aunque agravios tales como las desigualdades económicas o la discriminación cultural o de otro tipo pueden aportar motivaciones para oponerse violentamente al Estado, es la debilidad del Estado la que permite que surjan grupos de oposición insurgentes, guerrilleros o terroristas. Desde el punto de vista de la organización de estos grupos, probablemente los empresarios políticos, especialmente en el caso de las guerras civiles étnicas y nacionalistas, son elementos claves para organizar a los individuos en torno a puntos focales como la raza o el idioma. Una vez que esa organización existe, y sobre todo una vez que la violencia se ha puesto en marcha, la participación de los individuos deja de ser en gran medida un problema de acción colectiva.

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