Hernán Montecinos

Por: Francisco Herreros*
Fuente: Ponencia presentada en el Foro panel convocado por ICAL Valparaíso, Viernes 6 de Junio del 2004 en el Colegio Regional de Profesores

En el Chile actual, curioso país esquina, donde campean sin contrapeso el capitalismo y el sistema binominal, están ocurriendo transformaciones estructurales de superlativa importancia que comprometerán a las futuras generaciones y se están adoptando decisiones económicas que afectarán dramáticamente el bienestar y la calidad de vida de todos nosotros. Lo notable es que esto sucede, no ya sin debate democrático, lo que sería mucho decir, sino que sin que los chilenos apenas lo sospechen.

Es cosa de revisar la pauta noticiosa de los últimos días.

Está a punto de firmarse un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que tendrá efectos permanentes en términos de dependencia y consolidación de un modelo económico primario exportador básicamente subordinado a los intereses de la potencia imperial.

Sin embargo, y según como los chilenos han sido informados, la firma del TLC se reduce al aumento de un par de puntos del Producto Interno Bruto, lo que debiera traducirse en más empleo, razón por la cual de lo único que cabría preocuparse es por el retraso en la firma del protocolo, a consecuencia del imprudente arresto de independencia del Gobierno de Lagos por no haber apoyado incondicionalmente a Bush en su cruzada contra Saddam Hussein, ese oscuro representante del eje del mal.

Y no es chiste, como lo demuestra el hecho de que ninguno de los presentes, ni ningún chileno en particular, podría dar un solo ejemplo de algún argumento, análisis o tesis de lo que representa el TLC, que haya sido difundido por el sumiso y alineado sistema de prensa de mercado actualmente vigente. Por de pronto, tal como son informados, los chilenos no están en condiciones de comprender que el anunciado aumento del Impuesto al valor Agregado, representa la letra chica de los tratados de libre comercio, que se le endosa al conjunto de la población, a pretexto de financiar el “gasto social”.

Así como son informados, tampoco son capaces de asumir que existen vías alternativas para financiar dicho gasto así como la menor recaudación fiscal resultante de los tratados de libre comercio, como el “royalty” a las exportaciones de la gran minería privada del cobre, que como se sabe, utiliza variados subterfugios para eludir la tributación, o un IVA diferenciado, con recargo a los artículos suntuarios o aquellos que no sean de primera necesidad, o una modificación a la normativa tributaria, de forma de impedir la escandalosa elusión de impuestos de las grandes empresas y las personas de mayores ingresos del país. Pero no. En este edén de la libre concurrencia, es políticamente más correcto, y desde luego mucho más rentable, endilgarle la carga al impuesto al consumo que pagan todos los chilenos.

Tal como son informados, los chilenos tampoco están en condiciones de entender que el anverso de la medalla de los tratados de libre comercio es la denominada “flexibilidad laboral”, disfraz que ha sido disfrazado bajo el nuevo neologismo de “adaptabilidad laboral”. Es difícil encontrar en el mundo un ejemplo de legislación laboral más liberal con el capital y más restrictiva contra el trabajo. Sin embargo, y a pretexto de la “competitividad” de la empresa en un entorno globalizado, quieren ir por más, esto es, suprimir las indemnizaciones y fueros, y consagrar la más absoluta libertad de horarios de contratación del trabajo.

A fin de cuentas, arrinconado por los escándalos de corrupción, al Gobierno no le quedó más remedio que quitarse la careta. Ya no habla de crecimiento con igualdad. En su última cuenta a la nación, el pasado 21 de mayo, el presidente Lagos se refirió al crecimiento a secas como única política posible para superar la pobreza, homologando con ello el discurso de su flamante presidente del banco Central, el distinguido economista neoliberal, don Vittorio Corbo.

A propósito de los escándalos de corrupción, la derecha y el empresariado le impusieron al Gobierno una parte sustantiva de su proyecto de largo plazo, bajo la engañosa cobertura de las denominadas agendas Pro Crecimiento, de Modernización del Estado y de Probidad Administrativa. Se trata de un conjunto de 21 iniciativas legales que modificarán drásticamente la estructura del Estado y que deben ser aprobadas durante el curso de este año, como de hecho ya lo fue la denominada “agenda corta”.

Decir que los chilenos carecen del menor antecedente de lo que se está discutiendo a puertas cerradas equivale casi a una ingenuidad, toda vez que hasta los propios diputados concertacionistas se quejaron de lo mismo y de haber sido obligados a sancionar iniciativas legales ya aprobadas en instancias previas al trámite legislativo, un clásico ejemplo de democracia en los tiempos del binominalismo que ahorra mayores comentarios.

Así, mientras la derecha avanza arrogante hacia la obtención del único segmento del poder del que carece formalmente, el Gobierno parece resignado a una derrota irrevocable.

Concesiones como la designación de Vittorio Corbo en la presidencia del Banco Central, o las negociaciones con la UDI para sacar adelante las eufemísticamente denominadas agendas de probidad, modernización y pro crecimiento, impuestas por la derecha y el empresariado en lo más hondo de la crisis, y el manifiesto abandono de la agenda democratizadora, constituyen señales más que evidentes de una rendición incondicional.

Que la capitulación del Gobierno obedece a la parálisis en que lo sumió la implacable denuncia de la prensa de derecha sobre los casos de corrupción, que en todo caso son innegables, parece fuera de toda discusión. Sin embargo, lo que no se dice es que fue obtenida por el sector político que introdujo la corrupción estructural en este país.

Porque ¿alguien puede negar seriamente que el origen basal de la corrupción que corroe a la superestructura institucional del país es la lógica del lucro y la rentabilidad como fin último de toda actividad humana impuesta a sangre y fuego por el neoliberalismo, esa lógica perversa que mercantilizó y entregó a la voracidad del mercado hasta los derechos más básicos de las personas, tales como la salud, la educación, la vivienda y la seguridad social?

Aún cuando aparecen pagando los platos rotos porque los sorprendieron con los dedos en el cajón, los operadores de la Concertación han carecido de fuerza, si es que no de voluntad, de colocar en el mismo contexto los actos de corrupción superlativa perpetrados por sus hoy acusadores, tales como la escandalosa privatización de las empresas públicas, el millonario rescate de la banca endeudada, la desnacionalización encubierta de la gran minería del cobre y el fraudulento plebiscito de 1980, sólo por mencionar los principales.

Conviene aclarar que no estamos postulando que la derecha se abstenga de la denuncia de los casos de corrupción. No se trata de eso. Lo que reclamamos y echamos de menos, en cambio, es un sistema democrático de medios de información, capaz de describir y situar el problema en sus reales dimensiones y connotaciones. Que refresque la memoria de los chilenos y recuerde, por ejemplo, que la actual estructura institucional, sistema binominal incluido, fue el producto de un fraude originario de colosales proporciones, como lo fue el viciado Plebiscito de 1980; o que la tramposa privatización de empresas públicas, en que las autoridades que la dispusieron aparecieron inmediatamente después como compradores privados, le costó al país la friolera de tres mil millones de dólares; o que el rescate de la banca quebrada en la crisis de los años 82-83, le costó al país alrededor de siete mil millones de dólares. Es decir corrupción en serio, corrupción con clase o más bien corrupción de clase, y no corrupción a escala de tinterillo a sueldo, como la que distingue a la Concertación.

Sin embargo, los medios informativos que podrían haber asumido esa tarea hoy no existen, y con eso inicio la aproximación hacia el tema que hoy nos reúne, aunque previo a ello es necesario hacer algo de historia.

En implícito reconocimiento de la importancia del poder regulador de las comunicaciones en las relaciones sociales de dominación, el bando N° 11 de la Junta golpista, dictado el mismo 11 de septiembre de 1973, dispuso la inmediata clausura de los diarios El Siglo, El Clarín, Noticias de Ultima Hora, y Puro Chile; las revistas Mayoría, Paloma, Hechos Mundiales, Onda, Saber Para Todos, El Manque, Chile Hoy, Ramona y Punto Final, las agencias informativas Prensa Latina de Cuba y CTK de Checoslovaquia, las radios Magallanes, Corporación, Luis Emilio Recabarren, Nacional y Candelaria, cuyas antenas de transmisión fueron además bombardeadas, e impuso la censura previa al diario La Prensa, a las revistas Ercilla y Mensaje y a la radio Balmaceda.

Este colosal atentado en contra la libertad de expresión, tuvo como principal efecto dejar el campo libre para que dos empresas periodísticas, El Mercurio SAP y el Consorcio Copesa se constituyeran en oligopolios de la comunicación y en dueños exclusivos de la información y la opinión, mientras que simultáneamente la dictadura ejercía un férreo control de la televisión.

Esta inusitada e inédita concentración en la propiedad de los medios de comunicación resultó un factor del todo esencial y funcional para la refundación capitalista neoliberal, con su secuela de graves violaciones de los derechos humanos, que la prensa uniformada se ocupó eficientemente de ocultar.

Ahora bien, de manera correlativa al ascenso de las luchas sociales contra la dictadura, fueron surgiendo revistas opositoras, que sin amenazar seriamente la posición monopólica de los dos grandes consorcios periodísticos, al menos representaban una opción de información independiente, orientada resueltamente a la denuncia de la violación de los derechos humanos y a la restauración democrática.
v Fue el caso de las revistas Hoy, APSI, Análisis y Cauce y La Bicicleta, seguidas después por los diarios Fortín Mapocho y La Época, publicaciones todas vinculadas directa o indirectamente a partidos que hoy integran la Concertación, y en las postrimerías de la dictadura, de los semanarios o quincenarios Pluma y Pincel y El Siglo, pertenecientes al partido Comunista, y Página Abierta y Punto Final, vinculados a distintas fracciones del MIR.

De esta manera, y si bien en magnitudes cuantitativas claramente desproporcionadas en función del número de lectores y fuentes de financiamiento, al momento del recambio de la dictadura por el primer gobierno de la Concertación, la propiedad de la información y la comunicación tendía a aproximarse al esquema prevaleciente al 11 de septiembre de 1973, cuando todas las fuerzas políticas tenían posibilidad de expresión.

Fue entonces cuando los señores Enrique Correa, Ministro Secretario General de Gobierno del Presidente Patricio Aylwin, y Eugenio Tironi, desde la Secretaría de Comunicación y Cultura, tuvieron la genialidad de proclamar que la mejor política de comunicaciones consiste en no tenerla, pues para eso está la mano invisible del mercado.

Sin perjuicio de la imposibilidad de competencia en un mercado dominado por empresas monopólicas, el argumento de esos temibles operarios del liberal-socialismo constituye una falacia, no sólo porque a esos medios la lógica de la concentración les bloqueó el acceso al financiamiento por ingresos publicitarios, sino que incluso fueron discriminados con la publicidad de empresas e instituciones del sector público, y una inconsecuencia, toda vez que tanto El Mercurio como La Tercera fueron beneficiados por cuantiosos subsidios indirectos, representados por aquellas turbias negociaciones financieras que los rescataron del alto endeudamiento en que se encontraban durante los últimos años de la dictadura.

El balance neto de la aplicación de tal política fue, en un extremo, la desaparición de casi todos esos medios, con la excepción de El Siglo y Punto Final que subsisten en condiciones económicas muy precarias, y en el otro, el incremento en la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en una proporción que incluso supera a los estándares de la dictadura.

Acabo de publicar en la revista quincenal El Periodista, una investigación acerca del proceso causa rol N° 133.428-6, del Quinto Juzgado del Crimen, en el que el magistrado Alejandro Solís procesó por estafa a la plana mayor del Banco del Estado, encabezada por su entonces presidente Alvaro Bardón, que antes de prestar ese servicio, integraba, así como lo hace ahora, el Consejo de Redacción de El Mercurio.

En una apretada síntesis de la documentación del proceso, pudimos establecer que El Mercurio debía hacia 1985 la friolera de 5,7 millones de Unidades de Fomento, equivalentes a 87 mil millones de pesos al día de hoy. Mediante una serie de complejas operaciones financieras, que incluyeron ventajosas reprogramaciones y condonaciones, permutas de créditos y canjes publicitarios, el Banco del Estado virtualmente extinguió dos tercios de la deuda de El Mercurio, y el saldo lo redistribuyó entre la banca privada.

La empresa COPESA, que edita La Tercera, La Cuarta, La Hora de La Tarde y revista Que Pasa, debía en 1987 un millón 860 mil Unidades de Fomento, algo más de 32 mil millones de pesos al día de hoy. Las operaciones del Banco del Estado para salvar a COPESA fueron equivalentes, con la única diferencia de que terminaron con un cambio en la propiedad. Para hacer corto el cuento, los inversionistas de origen árabe y propietarios del Banco Osorno y La Unión, Alvaro Saieh, Carlos Abumohor y Alberto Cassis, se hicieron de la propiedad de COPESA por la módica suma de 336 mil Unidades de Fomento, las que cancelaron con un 10% de pie, y el saldo con un nuevo crédito del Banco del Estado.

Naturalmente todas estas maniobras tuvieron un elevado costo económico, que al final naturalmente pagó Moya. En la querella de las nuevas autoridades del Banco, se establece que el daño patrimonial directo ascendió a 24 millones de dólares, equivalentes al 8% del capital y reservas del banco, y que el daño patrimonial indirecto, por aumento de las provisiones por riesgos de colocación, se empinó a los 20 millones de dólares, equivalentes al 70% de la utilidad del banco en el ejercicio 1989.

De ese trabajo, quiero rescatar el tema de la iniquidad, la discriminación y la asimetría en el apoyo del sector público a los medios de comunicación. A los combativos medios de comunicación opositores a la dictadura, los sucesivos gobiernos de la Concertación los privaron del crédito de la banca pública y la publicidad estatal, y con ello los condenaron a morir de inanición, con el argumento de que no habían sabido adaptarse a la competencia en el marco de una economía de mercado. De hecho, con motivo del cierre del diario La Época, el 30 de agosto de 1998, El Mercurio tuvo el descaro de publicar en su página editorial: “Tampoco corresponde que el Estado desplegara recursos para asegurar su funcionamiento, tal como lo requirieron sectores políticos y de profesionales de la información, pues ello habría derivado inevitablemente en desaconsejables intervencionismos oficialistas”.

El proceso 133.428-6 demuestra fuera de toda duda que al momento del cambio de régimen, las empresas periodísticas El Mercurio y Copesa estaban técnicamente quebradas, que fueron favorecidas por una compleja y refinada serie de operaciones del Banco del Estado orientadas a extinguir su deuda, y que sin ese gran perdonazo, que tuvo severo compromiso del patrimonio público, no hubieran logrado sobrevivir en las actuales condiciones de propiedad, ni, desde luego, emitir sus severos anatemas contra la corrupción. De paso, queda refrendado el principio neoliberal de que mientras las ganancias son privadas, las pérdidas son endosadas al sector público, y que si según los teóricos del liberalismo, somos todos iguales ante el mercado, sin duda hay algunos más iguales que otros.

Con todo esto quiero puntualizar que existe un elevado correlato entre la construcción de un Estado y una sociedad dominada por relaciones capitalistas de producción y cultura, y el desmantelamiento del sistema democrático de medios de comunicación, del que formaban parte las revistas que hoy recordamos.

Su erradicación no obedece a que no supieran adaptarse a la modernidad y a las exigencias del mercado, como postula el dogma neoliberal, sino que más que innecesarios, un sistema democrático de medios constituía y constituye un formidable obstáculo para la construcción del proyecto neoliberal, que necesita como el buzo el aire la enajenación y la alienación de la conciencia de las personas.

Si no, es cosa de pasear la mirada por cualquier kiosco de diarios o cometer el acto de masoquismo de permanecer un par de horas delante de un televisor. Nunca en la historia nacional, el sistema de medios de comunicación había estado tan concentrado ni nunca había desempeñado una función tan ideológica. Pero al mismo tiempo, nunca los contenidos habían sido tan insultantemente banales, nunca los medios habían dedicado tanto tiempo y espacio a los escarceos y escandaleras de una farándula de tercera categoría; nunca habían exaltado de una manera tan desorbitada antivalores tales como la competencia, el exitismo y el consumo; nunca la pantalla se había convertido en una chacota interminable; nunca el periodismo había alcanzado tales cotas de vulgaridad, ignorancia y ramplonería, nunca, con la notable excepción del tiempo de la dictadura, había desempeñado un papel tan sesgado, alcahuete y delator. Nunca había ocupado tantas palabras para decir tan poco acerca de lo obvio y predecible, ni tan pocas palabras en la tarea de omitir lo relevante y principal. En suma, nunca como ahora había trocado su misión de informar por la función de convertirse en un instrumento de desinformación.

Sólo un par de ejemplos. En uso de su legítimo derecho a protestar, la Central Unitaria de Trabajadores ha convocado a un paro para el próximo 13 de agosto. Se puede apostar que, pese a su importancia, el tema estará virtualmente ausente de la pauta de los medios de comunicación, hasta el día después, en que se manipularán sus consecuencias en los consabidos términos de vandalismo, caos y destrucción de la propiedad pública y privada.

De los tres grandes procesos que complican al Gobierno, la relación irregular entre el Ministerio de Obras Públicas y el Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa, es el caso que mayor cobertura ha recibido de la prensa de derecha, lo que resulta más fácil de explicar en función de sus múltiples y cruzadas connotaciones que de los montos involucrados, ascendentes a 270 millones de pesos. De hecho, resulta absolutamente funcional a la falsa noción que la corrupción es inherente al sector público y a la administración centralizada y “estatizante”.

En cambio, el caso Corfo-Inverlink, a pesar de que involucra más de cien millones de dólares ha desaparecido de la pauta informativa, por la sencilla razón de que los inculpados del grupo Inverlink son conspicuos empresarios vinculados ideológicamente a la UDI; que la investigación ha demostrado la participación de una constelación de operadores de mesas de dinero de instituciones financieras del sector privado, y que los dineros defraudados han tenido entre sus rutas de blanqueo a empresas como Sacyr, vinculada a José Yuraszcek, así como a otras empresas de los sectores eléctrico, minero y de la construcción.

Si analizamos las causas de este dramático deterioro de la calidad de la información, evidentemente la principal es la concentración en la propiedad de los medios de comunicación y su subordinación al poder económico, lo que se manifiesta en la pérdida de importancia de los medios que no entran en el juego de la competencia económica, y la vulnerabilidad de aquellos que sí lo hacen respecto de intereses económicos ajenos al campo de la comunicación, aparte naturalmente de que los medios se transforman en sí en un puro negocio.

Una segunda causa es el debilitamiento de la cultura profesional de los periodistas, provocada por la desaparición de numerosos medios escritos, la consolidación de un mercado oligopólico en las comunicaciones, la saturación del mercado como resultado de la proliferación de Escuelas de Periodismo a partir de la privatización de la educación superior y la desprotección gremial y sindical. A estos factores habría que agregar el temor de perder el trabajo, lo que hace de los periodistas dóciles instrumentos de la plana directiva y los editores de los medios, los que a su vez son cuidadosamente elegidos por los propietarios de los mismos.

Entre las prácticas periodísticas que denotan el debilitamiento de la cultura profesional de los periodistas podemos anotar la inhibición de la capacidad propositiva de los periodistas en las reuniones de pauta; lo que se conoce como periodismo en piño; el uso de las conferencias de prensa, el off the record y el secreto de la fuente: y, por último, la práctica extendida de la autocensura, sin perjuicio de las desembozadas presiones externas provenientes del ámbito económico, cultural y político.

La tercera causa, a mi juicio, es la reducción del nivel intelectual de las audiencias, efecto recíproco del empobrecimiento de los contenidos, como lo prueban las masivas audiencias de las teleseries y la nueva moda de los reality-shows.

Evidentemente, no se trata sólo de un problema de naturaleza local, sino una consecuencia inherente al proceso de globalización capitalista actualmente en desarrollo.

Cito a continuación un párrafo del artículo Liberalismo Económico y Libertad de Expresión, de Emmanuel Derieux, especialista en derecho de la información y profesor de la Universidad de París: “La constitución de grandes grupos, nacionales y multinacionales, y el fenómeno de concentración aparecen ahora, en Francia y en otros países, como características de la situación de los medios de comunicación. Si no se establecen Límites a esas tendencias, aparecerán graves amenazas a la independencia y al pluralismo de la información”.

Cito ahora a Ignacio Ramonea, director de Le Monde Diplomática, de su artículo Medios Concentrados: “En las sociedades democráticas la libertad de expresión no sólo está garantizada sino que se acompaña del derecho fundamental de estar bien informado. Ahora bien, la concentración de los medios a través de la fusión de publicaciones antes independientes en el seno de grandes grupos que han llegado a ser hegemónicos, pone en peligro este derecho. ¿Tienen que tolerar los ciudadanos este desvío de la libertad de prensa? ¿Pueden aceptar que la información se reduzca a simple mercancía?”.

Cito, por último, un párrafo de la convocatoria al Proyecto de una Agencia de Noticias para la Contra información, concebido por un grupo de periodistas argentinos: “Los medios de comunicación ocupan un lugar aplastante en América Latina, y la Argentina no es una excepción. La incesante concentración de los grupos mediáticos y su vinculación al capital financiero provocó una verdadera “dictadura” de los medios, en la que unos cuantos señores se adueñan del derecho a la comunicación propio de todos los seres humanos. Frente a este panorama se hace imprescindible la lucha por la democratización de las comunicaciones. Esto implica pensar en una nueva comunicación, distinta de la que proponen los medios hegemónicos”.

Ese es el tema de fondo; la lucha por la democratización de las comunicaciones. Y como toda lucha, se trata necesariamente de una tarea política, donde nada será concedido ni obtenido a título gracioso.

Por libertad de información entendemos no la de los propietarios de los medios, ni siquiera la de los periodistas y trabajadores de la comunicación, sino la opción de la ciudadanía a informarse a través de un amplio arco de medios de comunicación, en el que estén representados todas las tendencias, partidos y corrientes de pensamiento.

Como toda lucha política, es necesario emplear todos los recursos sin desperdiciar ningún espacio o posibilidad.

Lo primero y principal es no rendirse ni abandonarse al desaliento. Debemos interpelar al Estado y a los partidos en demanda de la democratización del acceso a los medios y de la igualdad en las condiciones de financiamiento.

De cara a la ciudadanía, debemos denunciar de manera incansable la iniquidad de la concentración de los medios y develar las graves consecuencias que de ello dimanan.

En esa tarea, hay que saber aprovechar los espacios que concedan los propios medios y establecer relaciones de confianza con los periodistas que en ellos trabajan.

Aunque se trata de una tarea extenuante y degastadora, no debemos renunciar a la creación de nuevos medios que compitan en el escenario público. Nuevas publicaciones como La Huella, El Periodista, La Firme y The Clinic, indican que ello es posible, sin perjuicio de que La Huella ya desapareció y El Periodista atraviesa por una delicada situación que eventualmente amenaza su continuidad.

Debemos crear tantos medios de como seamos capaces, desde micro medios de alcance local, con tecnologías artesanales, hasta comprender y aprovechar las posibilidades de los nuevos medios electrónicos. Y desde luego, crear instancias de coordinación y cooperación.

En toda entidad organizada, sea social o política, es necesario hacer conciencia de la estratégica importancia de la información y las comunicaciones, y de allí irradiarla hacia sus áreas de influencia. Debemos incluir este problema en sus manifiestos y programas

Debemos multiplicar instancias de reflexión como ésta, de manera de dotar de contenidos a la lucha por la democratización de la información.

Junto con ello es muy importante la dictación de seminarios y talleres en los barrios, lugares de trabajo, en el interior de las organizaciones y lugares de estudio, donde sean los ciudadanos los protagonistas y quienes se apropien de los medios para hacer de ellos una práctica de vida.

Si creemos en la democracia, esta es una lucha que debemos dar de manera incansable y sostenida, porque democracia y libertad de información y de expresión son términos asociados de manera indisoluble. Ellos podrán tener los medios, pero claramente no tienen la razón, ni han clavado la rueda de la historia.

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