Pleno empleo, ¿una cuestión mal planteada?*

Por: Claus Offe
Fuente: Artículo publicado en Dissent, número de invierno de 1995, traducido del alemán por Krishna Winston. Tradujo del inglés al español Leandro Wolfson. 

Cuando decimos que algo constituye un problema es porque pensamos que puede encontrársele solución. La señal que emitimos es ésta: si reflexionamos lo suficiente, consultamos a los especialistas apropiados, fijamos las prioridades como corresponde y luego actuamos en forma decidida, sin duda hallaremos una solución para el problema. Y nos damos cuenta de que hemos hallado esa solución cuando, de pronto, el problema desaparece.

El desempleo no debería ser descripto como un “problema” sino como un fenómeno sombrío. No es un problema porque, si somos realistas, ya no podemos esperar que haya pleno empleo y, por lo tanto, el pleno empleo no es una solución que podamos exhibir responsablemente ante la gente. No es bueno que abordemos esta situación penosa y crónica con la retórica del pleno empleo de la que tan enamorado está el Partido Socialdemócrata alemán. Simplemente tenemos que habituarnos a la idea de que una gran parte de nuestra población adulta de ambos sexos no encontrará ni pan ni trabajo en empleos “normales”. La cuestión fundamental sigue siendo de qué manera es dable estructurar esta situación, en caso de que sea posible hacerlo, a fin de reducir al mínimo sus efectos sociales y políticos.

El desempleo se produce cuando es mayor el número de personas que buscan trabajo que el número de personas que pueden hallarlo. Este desequilibrio puede interpretarse de dos maneras: o bien la demanda de trabajadores es “excesivamente baja” o bien la oferta es “excesivamente alta”. Nuestros especialistas en política social y económica automáticamente se inclinan por la primera interpretación. La conclusión que se extrae normalmente en nuestra era poskeynesiana es que a fin de que los empleadores puedan crear puestos de trabajo en el orden nacional debe reducirse el costo de la mano de obra (vale decir, los salarios más los beneficios sociales) o deben aumentar los incentivos que los empleadores reciben, sea cual fuere el efecto sobre el salario.

En lo tocante a reducir el costo del empleo, las teorías prevalecientes, que se orientan hacia la oferta, parten de la premisa de que una mano de obra “más barata” automáticamente tendrá como consecuencia más puestos de trabajo. Sostienen que el costo del empleo debe aproximarse al “salario de equilibrio”, definido como aquel que hace uso de toda la mano de obra disponible. Este es un razonamiento falso, porque en toda economía desarrollada hay en verdad dos salarios de equilibrio, muy diferentes entre sí. El que equilibra el mercado de la mano de obra difiere drásticamente del que equilibra, además, el mercado de mercancías; y si no se equilibra el mercado de mercancías, tampoco puede equilibrarse el de la mano de obra. Si los bienes producidos no logran ser comercializados, esto conduce a una demanda “excesivamente baja” de mano de obra.

Dicho de otro modo, el salario no representa únicamente un costo para el empleador sino, además, un ingreso para los hogares de los empleados. Cuando los economistas se centran estrechamente en una u otra de estas dos funciones del salario, no pueden evitar caer en el desalentador conflicto que opone las teorías de la “derecha liberal”, orientadas hacia la oferta y que exigen reducir los salarios, a las teorías de la “izquierda keynesiana”, orientadas hacia la demanda y cuya receta es defender el mantenimiento del salario real o aun incrementarlo, teorías ambas que actúan con vistas al logro o restauración del “pleno empleo”.

Este debate es poco fructífero porque si bien hay muchos argumentos teóricos en favor de la doctrina orientada a la oferta, las crudas realidades institucionales vinculadas con el salario y la distribución del ingreso en la República Federal Alemana favorecen la teoría de la demanda. Desde fines de la década del 70 ha prevalecido en Europa la doctrina económica orientada a la oferta, en tanto que el keynesianismo ha perdido casi toda su vigencia intelectual y práctica. Las cinco razones por las cuales ocurrió esto son bien conocidas. Primero, la globalización de las relaciones económicas y el sistema de tipos de cambio fluctuantes volvieron inútil cualquier intento de sustentar la hegemonía económica de una nación mediante métodos keynesianos. Segundo, la política keynesiana de aumento de la demanda sólo es eficaz cuando se aplica “imprevistamente”; si se convierte en una práctica oficial rutinaria, lo único que hace es fomentar los subsidios a la inversión, sin generar además un aumento del empleo, y, por otro lado, da lugar a las otras tres causas de la derrota del keynesianismo: la inflación, el aumento de la deuda externa del país y la falta de capital financiero, sumada a los mayores costos de inversión.

Sin embargo, las realidades institucionales imperantes en Alemania (o sea, la autonomía de las escalas salariales, la unificación de los sindicatos, los acuerdos regionales sobre salarios, el hecho de que el costo de los sistemas de seguridad social estuviese ligado a los ingresos y fuese compartido proporcionalmente por empleadores y trabajadores) tuvieron como objeto crear en la República Federal una economía sumamente productiva basada en las exportaciones industriales, y de hecho contribuyeron a lograrlo. Bienes de alta calidad fueron producidos por trabajadores muy calificados y muy bien remunerados en condiciones laborales sumamente reguladas (y con una escala ascendente de remuneraciones). Todo esto se llevó a cabo con la protección que ofrecía una armonía social comparativamente sólida, a la que los propugnadores de este “modelo renano” elogiaban diciendo que era el “cuarto factor de la producción”, propio de la economía alemana. En este modelo se veía con beneplácito a los sindicatos fuertes, ya que ellos brindaban el impulso hacia la racionalización indispensable para promover la modernización en toda la economía. Y eran más bienvenidos todavía por cuanto habían contribuido a crear en Alemania condiciones laborales que sólo pueden llamarse “de lujo” en comparación con las de Estados Unidos, Francia y España.

No obstante, hoy tenemos que hablar de estas condiciones de pleno empleo y prosperidad como de una cosa del pasado. Los motivos son bien conocidos. Permítaseme recordarlos bajo el título de “triple globalización”.

En primer lugar, la integración económica de Europa occidental no sólo provocó un aumento de la competencia en los mercados de bienes y de mano de obra, sino también una pérdida de la hegemonía nacional en el ámbito de la política económica y social, que brindó una excelente excusa para no hacer nada. La pregunta “¿Qué debe hacerse?” se ha vuelto irrelevante, y ello en gran medida, simplemente, porque ninguna nación puede avanzar por sí sola. Queda por verse si lo que los países miembros de la Unión Europea ya no pueden lograr por sí solos es posible que sea obtenido mediante la integración de las instituciones y las políticas europeas.

En segundo lugar, la productividad de las economías del Este asiático no sólo está destruyendo de manera constante la ventaja comparativa que la economía alemana extrajo antaño de su infraestructura y tecnología, sino que además ha vuelto más evidentes ciertas desventajas relacionadas con la ubicación geográfica, al menos para la República Federal.

Y en tercer lugar, desde fines de la Guerra Fría no sólo los países de la Cortina de Hierro sino también los países capitalistas de Europa occidental se han vuelto “poscomunistas”: estos últimos deben amoldarse a la proximidad de sistemas económicos en los cuales la capacitación de la fuerza laboral tal vez sea semejante, pero donde el costo de la mano de obra, al menos por ahora, es casi la séptima parte (por ejemplo, en la República Checa). Por otra parte, ahora que desapareció el socialismo de Estado, quedan muchos menos incentivos en Occidente para conservar el pleno empleo y los generosos beneficios sociales que mantienen a la población contenta, inmune a los halagos del “otro bando”.

En su conjunto, esta globalización poscomunista tiene como consecuencia altos y persistentes niveles de desempleo en la Unión Europea. En los países de la región, las políticas de empleo sólo tienen éxito a costa del aumento de la desocupación en otros países. La lógica del “crecimiento sin nuevos puestos de trabajo” divorcia el crecimiento económico del aumento del empleo. Las sociedades de la Unión Europea siguen siendo ricas -ésa es la diferencia entre la situación actual y la depresión de fines de la década del 20, que se hizo extensiva a todo el mundo-, pero carecen del mecanismo institucional que les permitiría distribuir su riqueza entre todos los ciudadanos. Para la gran mayoría de la población, la regla es ésta: un individuo sólo puede reclamar participación en la riqueza del país si percibe un ingreso, ya sea por su trabajo o familia o derivado del sistema de seguridad social.

Lo que se está experimentando en Europa como reacción ante esta situación es la aplicación de medidas tendientes a una disminución más o menos controlada de los costos del empleo y de la seguridad social. Como resultado de las presiones provenientes del mercado mundial, los países de la Unión Europea están apartándose de sus altos niveles de ingresos y de esas condiciones laborales “de lujo” a que aludimos antes. Políticamente, esta transformación se ve apoyada además por un creciente “frente capitalista popular”, cuya estrategia defensiva apunta a aumentar el empleo reduciendo los salarios. Los recientes acuerdos para acortar la semana laboral al par que se reducen los salarios, indican un cambio de escena rotundo en la política alemana de relaciones obrero-patronales y de escalas salariales; hasta hace poco tiempo habrían resultado totalmente inaceptables. Sin embargo, aún no se sabe si esta solución conseguirá siquiera estabilizar el nivel de empleo. A este mismo orden de cosas pertenece la valiente sugerencia del destacado teórico socialdemócrata Frizt Scharpf para que se cree en la economía alemana un sector de bajos salarios, subsidiados a partir de la recaudación impositiva; pero no tenemos todavía motivos para pensar que a los empleadores les interesará crear esos puestos de bajo costo, ni tampoco es seguro que, en caso de interesarles, podría confiarse en que los destinarían principalmente a los trabajadores que recién se incorporan a la fuerza laboral y que se los asignarían a los alemanes y no a los trabajadores estacionales extranjeros. Sólo si se logra instar a los empleadores a que superen estos obstáculos gracias al señuelo de los subsidios al salario podrían alcanzarse los prometidos efectos favorables sobre el desempleo nacional.

Renta mínima garantizada

Los modelos de renta mínima garantizada difieren en un aspecto importante de todas las sugerencias vinculadas con la tributación negativa del ingreso en el sector de bajos ingresos, que equivalen a una reducción de los salarios sin una correspondiente reducción de los ingresos: en dichos modelos, la transferencia de ingresos no está ligada a las circunstancias individuales (grado de necesidad, empleo actual, disposición al trabajo y capacidad para éste, etc.) sino exclusivamente a la nacionalidad y quizás a la edad del beneficiario. Este acuerdo tiene la ventaja de que la transferencia de ingresos ya no queda sujeta a fluctuaciones en la demanda de mano de obra, sino que se concreta -y, junto con ella, disminuye el desempleo manifiesto- tan pronto como los ciudadanos resuelven aprovecharla. De acuerdo con su situación personal y con la situación del mercado de trabajo, pueden decidir si quieren o no mejorar su ingreso de subsistencia tomando un empleo regular. La organización de la transferencia de ingresos según este esquema tendría en cuenta el hecho de que, a raíz de su falta de idoneidad o de la escasa demanda, muchos trabajadores no podrán integrarse nunca de manera permanente al mercado laboral, ni siquiera cobrando salarios sumamente bajos. Y pretender lo contrario carecería de sentido, ya que se someterían a una reiterada y humillante experiencia de fracaso.

Las actuales iniciativas y propuestas sobre el mercado de trabajo y las políticas salariales tienen esto en común: su dinámica es defensiva. En el mejor de los casos, mantienen los puestos de trabajo existentes, pero no crean otros nuevos. Tal vez estimulen a los empleadores a contratar trabajadores o a no despedirlos; pero si se provoca una disminución en el salario real, se les vuelve más difícil a los productores de bienes de consumo vender sus artículos. Esto deja sin respuesta la pregunta acerca de si una política de desmantelamiento deliberado de las amplias garantías jurídicas en materia de empleo y de la protección social de que gozaron los trabajadores alemanes podrá prevenir, y durante cuánto tiempo, ciertas reacciones desesperadas que ya se están manifestando: por un lado, la lucha combativa de la izquierda en favor de la protección oficial de los puestos de trabajo; por el otro, la batalla chauvinista que lleva a cabo la derecha para obtener esa misma protección contra los trabajadores “extranjeros” que buscan trabajo. Si estas luchas se transforman en un fenómeno masivo, en una o en otra versión, es de presumir que enfrentaremos desafíos de una envergadura casi desconocida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. No sólo estará en juego la distribución equitativa de la riqueza social sino también la supervivencia de las instituciones y de los procedimientos políticos democráticos.

Estas son las sombrías perspectivas que se abren cuando uno se aferra a la idea de que debe haber una oferta permanente de asalariados que se vean forzados a ocupar puestos de trabajo cobrando cada vez menos. Una lectura distinta, menos frecuente, del desequilibrio existente en el mercado laboral es la siguiente: lo que necesitamos no es un aumento de los puestos de trabajo sino una reducción del volumen del trabajo disponible (producto de multiplicar la cantidad de personas que buscan empleo por la cantidad de horas laborables de cada una). Es fácil enumerar los mecanismos mediante los cuales podría conseguirse esto. En primer término, mediante la prohibición efectiva de que ciertos trabajadores ingresen al mercado laboral, específicamente los extranjeros y las mujeres casadas; por razones legales y morales esta medida no puede ponerse en práctica. Debe desecharse cualquier posibilidad de influir en la oferta de trabajo a través del control de la composición de la fuerza laboral. Queda, entonces, el control del tiempo de trabajo: la oferta puede racionarse por día, semana, año y, aun, a lo largo de toda la vida, de modo tal que, en caso de permanecer constantes todos los demás factores, pudiera reducirse la sobreoferta de mano de obra o quizá evitársela por completo en el futuro.

A mediados de la década del 80 prevalecía este modelo conceptual en las medidas vinculadas con el tiempo de trabajo. En la práctica, su debilidad radica en que el hecho de adherir a él les impone a las personas empleadas una “tensión moral”. ¿Por qué voy a aceptar reducir mis horas de trabajo (renunciando así a una parte de mis ingresos o a su aumento) simplemente para que otro pueda trabajar, sobre todo si no hay ninguna seguridad de que el empleador recompense o pueda recompensar mi sacrificio? ¿Realmente actuará el empleador para que ese menor tiempo de trabajo mío y de otros se traduzca en un aumento de la fuerza laboral o, por lo menos, en su estabilidad? De no ser así, todos terminaríamos peor que antes.

La consecuencia es que por el lado de la oferta poco es lo que puede lograrse en el mercado laboral, ya sea mediante el control de su composición o del tiempo de trabajo. Y esto seguirá siendo cierto en la medida en que la sociedad sostenga que el valor y el éxito de la vida de un individuo se manifiesta en el mercado laboral y en la prosperidad que alcanza como asalariado. Este concepto de la normalidad es tan equivocado como imperativo. Es equivocado porque impulsa a mucha gente a una competencia frenética en la que sólo puede perder; y es imperativo porque de hecho, en nuestra sociedad orientada al trabajo, las instituciones dominantes reservan aquello que vuelve la vida digna de ser vivida (libertad, independencia, seguridad, reconocimiento, autoestima) para quienes demuestran ser capaces de insertarse en la vida económica percibiendo un salario. Los que fallan en el cumplimiento de esta norma (porque están desocupados) o los que resuelven no adherir a ella (por ejemplo, las madres, las “meras amas de casa” o sus maridos cuando deciden hacerse cargo de los quehaceres domésticos) necesitan esgrimir muy buenos justificativos para evitar que, ante sus propios ojos y los de los demás, aparezcan como perdedores. Quienquiera que no trabaje, al menos intermitentemente o una parte de la jornada, sufre notables desventajes en lo que concierne a su nivel de ingresos y a su seguridad -y, a menudo, también una (auto)condena moral-.

Los fundamentos morales, culturales e institucionales de la sociedad orientada al trabajo retribuyen al asalariado, pero muchos ciudadanos ya no están en condiciones de recibir esa retribución. La sociedad moviliza una constante oferta de mano de obra que es incapaz de absorber, que no puede utilizar en la producción de bienes y servicios. Entretanto, la noción de que uno puede participar en los bienes y valores de la vida sólo si logra comercializar con éxito su trabajo en el mercado, se ha vuelto moralmente indefendible. ¿Qué justificativo tiene la idea de que la sumatoria de las actividades útiles que un ser humano es capaz de realizar debe pasar a través del ojo de la aguja del contrato establecido con un empleador? ¿O que es lícito limitar las oportunidades para el consumo, la seguridad social y la posición social a quienes se las han ganado en el mercado de trabajo?

Uno de los argumentos en favor del pleno empleo que está ganando un apoyo creciente, aunque a veces francamente escéptico, sugiere que la integración del mayor número posible de personas al mercado laboral es deseable no por motivos de justicia social sino de control social. La concepción pesimista sobre la naturaleza humana subyacente en este argumento es evidente: si los seres humanos no trabajan bajo supervisión y dentro del marco de las obligaciones contractuales formales, necesariamente caerán en un estilo de vida caótico. Este argumento desacredita retroactivamente, por cierto, el valor humano del progreso técnico y económico que en el pasado permitió liberar a las personas de un esfuerzo agotador. Al mismo tiempo, reconoce tácitamente el carácter lamentable de un orden social que sólo es capaz de mantener en línea a sus ciudadanos a través de formas de trabajo estructuradas. En esta situación, no es muy provechoso elogiar un estilo de vida modesto. El hecho de asegurarle a alguien que puede resultarle muy gratificante “hacer algo significativo para los demás”, ya sea en el seno de la familia o en tareas voluntarias, o bien dedicándose a la vida contemplativa, difícilmente logre persuadirlo a que se quede en su casa alimentando el fuego del hogar. Como diría Brecht, simplemente las circunstancias no se dan así. Por el contrario: los ciudadanos de nuestra sociedad orientada al trabajo encuentran demasiado atractivas las recompensas materiales e inmateriales ligadas a la existencia presuntamente “normal” del asalariado como para que un número considerable de personas piense en la posibilidad de renunciar a un empleo de jornada completa y al ingreso correspondiente. Más aun: cuanto más improbable se torna que cada adulto consiga un trabajo seguro, satisfactorio y bien pagado, más frenética y agresiva se vuelve la competencia -entre las generaciones, los sexos, los grupos étnicos- por ese “bien supremo”.

Teniendo en cuenta el valor exagerado que se le asigna al trabajo formal, algunos profetas conservadores creen que la vida al margen del mercado laboral (en la familia, la comunidad, dedicada al cuidado del jardín o en cooperativas, redes o asociaciones) debería revalorarse mucho más de lo que puede hacérselo mediante una alabanza moralista de las modestas expectativas, el renunciamiento y el sentido comunitario. La revaloración del ocio y de la actividad individual autónoma con que podría ocupárselo o, a la inversa, la desvalorización social del mercado laboral, es un proyecto que apunta al corazón mismo, moral, institucional y económico de las sociedades industriales democráticas. Estas sociedades no tienen idea alguna de cómo enfrentar el problema derivado de que su riqueza es producida por un porcentaje cada vez menor de sus habitantes, mientras por otro lado todos ellos pretenden una adecuada participación en esa riqueza. No es preciso ser un vidente para saber cuál será el problema fundamental que enfrentarán, tanto en el plano nacional como mundial, las instituciones de la sociedad económica en el futuro inmediato. Los sectores de la población que generan valor económico se reducirán, e irán desapareciendo los canales de la familia, el Estado benefactor y la ayuda para el desarrollo, que antaño proporcionaron medios de subsistencia y oportunidades de participación a las personas y regiones del mundo que están fuera del “núcleo productivo” de la economía mundial.

DERECHOS ECONOMICOS

En la medida en que todos los asalariados participan en la producción de la riqueza de un país, el problema de su distribución se reuelve a través del empleo de cada cual, pero cuando esto deja de ser así y esta situación, supuestamente normal, cesa para siempre, el problema de la distribución sólo puede solucionarse estableciendo derechos económicos específicos que todos los ciudadanos se concedan mutuamente.

Un sistema de esta índole puede articularse sobre la base de tres principios. Primero: nadie tiene derecho a excluir de la participación en el mercado laboral a categorías enteras de la población (por su sexo, edad, nacionalidad, grado de capacitación, etc.). Segundo: dado que los ciudadanos de edad adulta no gozan del “derecho a trabajar” sino del derecho a competir por un empleo, todos aquellos que voluntariamente se abstengan de competir les estarán haciendo un favor a quienes queden, ya que las posibilidades de estos últimos aumentarán en consecuencia. Por lo tanto, los que se retiran de la competencia tendrían que ser compensados durante todo el tiempo que no participen en el mercado laboral. Esa compensación podría adoptar la forma del derecho a una renta mínima, sin ninguna condición ulterior (como el grado de necesidad, la disposición a trabajar o las circunstancias por las que atraviesa la familia), la cual debería financiarse mediante impuestos y tener un nivel compatible con una vida modesta. Tercero: la compensación por retirarse del mercado laboral -decisión con respecto a la cual los individuos podrían cambiar de opinión en cualquier momento- no tendría que retribuir simplemente el hecho de que el individuo sustraiga su trabajo de la economía, sino que debería alentarlo a que lo destinara a otros usos diferentes de su venta a cambio de un salario.

Es verdad que, fuera del círculo íntimo de la familia, no es fácil hallar estas posibilidades, ya que a medida que las sociedades industriales se desarrollaron, tendieron a forzar a los trabajadores a caer en la “trampa de la modernización”: durante mucho tiempo, el mercado laboral pareció tanto más retributivo que cualquier tipo de actividad autónoma informal, que estas actividades desaparecieron en gran medida y, hoy, cuando el mercado ya no puede absorber el volumen de mano de obra disponible, no se cuenta con una reserva de ellas para alimentar una economía de subsistencia. Consecuentemente, no hay motivos para suponer que estas formas alternativas de actividad útil brotarán de manera espontánea o por decreto; hay que reinventarlas, auspiciarlas y estimularlas.

El reordenamiento sistemático del trabajo según estos principios no eliminará el desempleo, pero, como es improbable que lleguemos a tener alguna vez suficiente trabajo para todos, convendría fomentar esta clase de acuerdo social, capaz de generar condiciones tolerables y así disminuir la probabilidad de un conflicto social.

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