Huelga de hambre mapuche. Las responsabilidads de la Concertación

Por: Alvaro Ramis
Fuente: http://www.cronicadigital.cl (31.08.10)

Hace un año, en Septiembre de 2009, el Estado de Chile se presentó ante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En esa ocasión Naciones Unidas pidió expresamente al gobierno chileno no aplicar la Ley Antiterrorista a actos relacionados con los pueblos indígenas y reformar su contenido y su aplicación. La respuesta de nuestro Estado la conocemos, en la voz y en el dolor de los 32 dirigentes mapuches que han soportado más de 53 días en huelga de hambre.

El cerco informativo a este drama no ha logrado impedir que su realidad empiece a estremecer hasta a los más recalcitrantes y autoritarios. De pronto, la élite política chilena debe dar explicaciones de lo injustificable ante una opinión pública que se pregunta por la racionalidad jurídica de los testigos sin rostro, los dobles procesamientos, la jurisdicción militar sobre civiles y especialmente por la brutalidad de las penas que implica la legislación antiterrorista.
Ya en mayo de 2006, en el marco de la cumbre la cumbre eurolatinoamericana realizada en Viena, la presidenta Bachelet afirmó públicamente: “No voy a aplicar la ley antiterrorista porque considero que la justicia ordinaria tiene bastante fuerza para actuar”. Pocos días después, en Madrid, el escritor José Saramago le rogaba: «hágame el favor de mirar a los mapuches»”. Bachelet, en consonancia con varias autoridades regionales de la araucanía, asumió un compromiso, y empezó a responder a los editoriales del duopolio El Mercurio-Copesa , que demandaba constantemente un endurecimiento de la represión, afirmado que los conflictos de tierras eran “casos puntuales” que no ameritaban un marco legal particular. Incluso en abril de 2009, la presidenta Bachelet se comprometió ante el Relator Especial de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, James Anaya, a no aplicar la ley antiterrorista para procesar a personas en casos vinculados con movimientos sociales mapuche.

Sin embargo, estas promesas y buenas intenciones fueron olvidadas y en la práctica la dinámica represiva se incrementó exponencialmente. El subsecretario del interior Felipe Harboe empezó a señalar que si la aplicación de la ley antiterrorista daba resultados, “bienvenida sea”. Y la ley antitrerrorista volvió, y de forma masiva y recurrente. Luego, en 2009, el nuevo subsecretario, Patricio Rosende, justificaba la brutalidad policial afirmando que los dirigentes mapuches utilizaban a sus familias como «escudos humanos» ante los ataques de la policía. Niños, ancianos y mujeres tendrían la culpa de vivir en su casa, asistir a la escuela y permanecer en su territorio mientras Carabineros procedía a allanar sus comunidades. Por su parte, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, impulsó la aplicación de ley antiterrorista luego de una serie de vergonzosas derrotas judiciales de los fiscales regionales, que no pudieron impedir la absolución de varios dirigentes mapuches por insuficiencia en las pruebas.

No es fácil entender en lo que ocurrió en esos años. ¿Dónde quedaron las buenas intenciones de 2006 y cómo se llegó a la degradante situación que vivimos en 2010? Poco a poco algo ha empezado a salir a la luz pública. La ex ministra de Mideplan, Paula Quintana se ha atrevido a deslizar algo importante: “Asumo la autocrítica. Los que tuvimos una convicción respecto de la causa mapuche y la defensa de los derechos indígenas, perdimos la pelea dentro del gobierno». Son palabras sinceras pero la autocrítica debería estar en la boca de otros. Sin duda, en la de los ex subsecretarios del interior Felipe Harboe y Patricio Rosende, directos responsables de la violencia policial y de la espiral criminalizadora que ha vivido el movimiento mapuche. Sería importante que se pronuncie el ex ministro del interior Edmundo Pérez Yoma, responsable político de estas decisiones. Sería lógico que los protagonistas de la “pelea” a la que se refiere la ministra Quintana dieran la cara y nos aclararan las contradicciones entre el discurso presidencial y la práctica política de sus ministros. No sólo el actual gobierno debe dar explicaciones. Quienes ocuparon cargos en los gobiernos anteriores también deben responder.

Por Alvaro Ramis. El autor es teólogo. Miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.

Santiago de Chile, 1 de septiembre 2010
Crónica Digital

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: