Hernán Montecinos

Por: Antonio Rodríguez Vicéns
Fuente: http://www.ecuaworld.com

NOTA.- Aunque esta nota grafica la realidad del valor del voto en un país diferente, su similitud con la realidad que se le asigna al voto en Chile resulta del todo obvio y evidente. Ninguneado ayer, hoy abundan llamados y súplicas para congraciarse con él y captarlo.
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El art. 62 de la Constitución establece que los ciudadanos «tienen derecho al voto universal, igual, directo» y secreto. Sin embargo, en una evidente contradicción, el art. 143 añade que el Presidente y el Vicepresidente «serán elegidos por mayoría absoluta de votos válidos emitidos», con exclusión de los votos nulos y en blanco. Si el derecho al voto es igual para todos, ¿por qué el voto de unos ciudadanos sirve para determinar los resultados y el voto de otros no? ¿Por qué los votos nulos y en blanco no se toman en cuenta para el cálculo de porcentajes y el establecimiento de mayorías y minorías? ¿Por qué carecen de valor electoral y político? ¿En qué queda esa teórica igualdad?

En el reino de la ‘revolución ciudadana’ todo cambia para quedar igual (o peor) que antes. En efecto, lector, si en las últimas elecciones usted se sintió burlado, si le parecieron inadmisibles todas las candidaturas presidenciales (golpistas de hoy y golpistas de ayer, dictadores del presente y aspirantes a dictadores del pasado, ilustres nulidades de vanidad y relumbrón) y, en un acto de convicción y de conciencia, anuló su voto, ha dejado de existir, para nuestro injusto y perverso sistema electoral, como ciudadano y, por supuesto, como votante. Ha caído en una especie de limbo político y su voluntad, expresada responsablemente como una muestra de inconformidad y de protesta, no tiene valor.

El voto nulo, que es en gran medida la manifestación del descontento y del rechazo, no influye en el resultado. No es útil. La Constitución, minimizando el pronunciamiento de insatisfacción o desacuerdo de un grupo de votantes, tratando de eliminar o de disminuir el peso de su protesta, pretende inducirlos a tomar una decisión, mediante el voto obligatorio y contra su voluntad o sus convicciones, a favor de una de las opciones presentadas. El sistema electoral, canalizando utilitariamente los votos en beneficio de uno de los candidatos, nos acostumbra al conformismo. A la mediocridad. A la aceptación de candidatos en los que no creemos. A renunciar a una auténtica democracia.

Elegir debe ser un acto de plena libertad. Un derecho personal e inalienable respetado con todo su significado y todos sus efectos. Pero si en ese acto, a través de normas legales, se nos obliga a respaldar una opción que nos parece mala o inconveniente, se está desconociendo esa libertad. Nuestro derecho al ‘voto igual’ ha sido burlado: se busca nuestra sumisión, en una prueba fehaciente y torpe de ausencia de fe en el poder creador de la libertad y en su capacidad para construir el futuro. «No hay más que un progreso, el progreso en libertad», escribió, con su característica lucidez, Ortega y Gasset. Todos los cambios que ocurren en el mundo «son adelantos únicamente cuando favorecen la expansión de la libertad».

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