Terrorismo, derecho y excepción

Por: Marcela Chahuán
Fuente: http://www.webislam.com (15.10.09)

¿Cómo combatir el terrorismo?

Los convenios internacionales y regionales condenan una serie de conductas que son consideradas como actos terroristas, pero se evade una conceptualización.

Desde ya hace algunos años, el “terrorismo” ha obsesionado a muchos, se libran guerras en nombre de la humanidad para combatirlo, es motivo de mensajes y campañas políticas, se discute entre académicos, aparece reiteradamente en la prensa, se regula por las legislaciones nacionales e internaciones, y atemoriza a la ciudadanía. No obstante ello, el concepto de terrorismo es de aquellos que no ha logrado una definición ni una delimitación clara de sus alcances, de modo que podríamos sostener que se trata de un concepto ambiguo que, sin embargo, es identificado con una serie de acciones, o más bien, intenciones.

Los convenios internacionales[1] y regionales condenan una serie de conductas que son consideradas como actos terroristas, pero se evade una conceptualización. Algunos han propuesto que una definición de terrorismo podría construirse a partir de la redacción del artículo 2 1b del Convenio Internacional de la ONU para la Represión de la Financiación del Terrorismo, el cual señala que infringe dicho convenio: “Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”. Así, se ha postulado que en dicho precepto se encuentran las bases para una definición del concepto de terrorismo, las cuales serían, que el acto se dirija a la población civil, y el énfasis en propósito de dicho acto.

En las legislaciones internas de los estados se tipifican también delitos terroristas y algunas han propuesto conceptos, resultando significativa para estos efectos la del Terorrism Act 2000 del Reino Unido, que concibe al terrorismo como “la práctica o la amenaza de una acción” cuya finalidad es “ejercer influencia sobre el gobierno o intimidar al público o a una parte de él y (…) con el fin de promover una causa política, religiosa o ideológica”. La importancia de dicha definición de la legislación británica, no sólo radica en la influencia que ha ejercido para la formulación de otras legislaciones, sino también en las implicancias de la misma. No es sólo la amplitud del concepto lo que puede resultar llamativo, pues también destaca que, a fin de diferenciar delitos terroristas de los delitos comunes, se contempla cuáles deben ser los propósitos de la conducta que se asume como terrorista, pues estos deben ser políticos, religiosos o ideológicos. Sin embargo, estos tres tipos de motivos, pueden ser todos agrupados en una sola categoría, esto es en motivos políticos. Ello, porque aún cuando se señale que pueden ser también de índole religiosa o ideológica se trasforman en motivaciones políticas puesto que surgen como oponentes al sistema político y económico dominante. De esta manera es que surge la necesidad de combatirlos a fin de preservar el orden existente, produciéndose aquella específica diferenciación que para Carl Schmitt constituye la categoría central de lo político, esto es la dicotomía amigo/enemigo[2].

Llama también la atención de la definición de terrorismo del Terrorism Act y en general las de “legislaciones antiterroristas”, que se asuma explícitamente que se sancionan intenciones, aún cuando no lleguen a consumarse, lo cual escapa complemente de las reglas y principios que inspiran al derecho penal clásico, esto es, que sólo se sancionan acciones y excepcionalmente omisiones.

Así, el “terrorismo”, no sólo tiene la particularidad de ser un concepto ambiguo, carente de límites, sino que además es regulado mediante una legislación de excepción que se aparta de la normativa tradicional. Tal legislación, que se aplica a quienes incurren en actos terroristas es la del “Derecho Penal del enemigo”[3], esto es, una legislación penal de excepción que se dirige a enemigos en lugar de ciudadanos y que consiste básicamente en un rebajamiento de todas las garantías jurídico- penales de un Estado de Derecho. Pues como se ha mencionado, a diferencia de del derecho penal clásico o del ciudadano, los motivos que inspiran un acto considerado como terrorista son vitales, se sancionan intenciones y no sólo acciones. Tampoco se cumple con el requisito de especificidad del tipo penal, se tipifican como delito terrorista una serie de actos a los que puede aplicarse el principio de analogía “de manera que” de ser una prohibición en materia penal pasa a ser la regla general en este tipo de delitos.

Además de las garantías materiales se suprimen las garantías procesales tales como la del debido proceso, carga de la prueba, libertad de comunicación, proscripción de la tortura, entre otras, resultando paradigmático en este caso el conjunto de legislación antiterrorista estadounidense dictada luego de los sucesos del 11 septiembre de de 2001, lo cual ha motivado normas y decretos similares en otros estados. De esta manera es que, quienes son considerados terroristas, no sólo en los hechos reciben un trato distinto al de cualquier ciudadano dentro de un Estado, sino que son excluidos jurídicamente de los derechos[4] mediante una legislación de excepción.

Ahora bien, ¿por qué la falta de definición en el concepto de terrorismo y carencia de límites en la tipificación de conductas terroristas? ¿Por qué aplicar una legislación de excepción a quienes son considerados terroristas? La respuesta a tales interrogantes pueden explicarse si tenemos en cuenta que “el terrorista” se trata del Otro, del enemigo del que nos habla Schmitt, que es criminalizado. La ambigüedad de conceptos y carencia de límites es reflejo de ello, no puede especificarse a todos aquellos que representen una amenaza, no pueden establecerse límites a priori para combatir al enemigo y por lo mismo el Derecho no puede convertirse en un obstáculo para combatirlo, sino más bien en una herramienta para excluirlo, manteniéndolos en una relación dentro-fuera de lo jurídico, esto es, se les incluye excluyéndoseles. Es por ello también que en los delitos terroristas se sancionan intenciones y no sólo acciones, pues basta la sola representación de una amenaza, el enemigo se constituye no por sus actos sino por lo que representa, y en este sentido cabe recordar a Schmitt cuando afirmaba: “El enemigo es simplemente el otro, el extranjero (der Fremde) y basta a su esencia que sea existencialmente, en un sentido en particular intensivo, algo otro o extranjero, de modo que en el caso extremo sean posibles con él conflictos que no puedan ser decididos ni a través de un sistema de normas preestablecidas ni mediante la intervención de un tercero «descomprometido» y por eso «imparcial».”[5]

Se ha señalado que en las denominadas legislaciones antiterroristas se alude a motivos políticos y que tras todas aquellas las definiciones y legislaciones nos encontramos con la representación de un enemigo político. Sin embargo, cabe precisar, que dicho enemigo constituye más bien una amenaza a la economía imperante que a la política, (que es lo que se quiere resguardar, más que a un sistema político como la democracia). Ello se traduce en algo político, porque como ya nos advertía Hannah Arendt[6], es la economía lo que ha ocupado la esfera de lo político, la lógica privada que se introduce en la esfera pública de manera que lo económico pasa ocupar un lugar central en la política, y por ello la acción política está más que nada dirigida a preservar el sistema económico. Ello ha implicado también que se aplique la categoría medio-fin a lo político y que se ligue con la violencia en lugar del poder. La violencia como instrumentalidad es propia de la esfera privada, en tanto medio para obtener un fin, pero se relaciona ahora con la política, la cual en su origen está ligada al poder y no con la violencia. El poder debe entenderse según Arendt como aquella capacidad humana de actuar en concierto con otros, y por tanto nada tiene que ver la violencia, pues “El poder y la violencia son opuestos; donde uno domina absolutamente falta el otro. La violencia aparece donde el poder está en peligro pero, confiada a su propio impulso, acaba por hacer desaparecer al poder. Esto implica que no es correcto pensar que lo opuesto de la violencia es la no violencia; hablar de un poder no violento constituye en realidad una redundancia. La violencia puede destruir al poder; es absolutamente incapaz de crearlo.”[7]

La inexistencia de una política en el sentido que reivindica Arendt, esto es una acción humana que surge en la esfera pública que se da entre iguales y cuyo sentido es la libertad, puede explicar también el surgimiento de estos “enemigos” que manifiestan con violencia su oposición. Al carecer de un espacio para el discurso y la acción y por tanto ante la falta de canales políticos de expresión, se manifiestan mediante violencia a fin de subvertir el orden existe.

Los terroristas son enemigos políticos que representan sobretodo una amenaza para el mantenimiento del sistema económico imperante, los cuales deben ser combatidos con violencia desde un fuera-dentro del Derecho. Así es que las “luchas contra terrorismo” son reguladas por el Derecho dictándose legislaciones de excepción que escapan de la normativa tradicional de un Estado de Derecho. Si bien en la guerra contra el enemigo no puede haber límites, el Derecho, al juridizar un conflicto político, se encarga de otorgar cierta apariencia de legitimidad a una guerra que carece de fronteras, que más que una guerra es un estado de indistinción total entre guerra y paz entre lo que está dentro del Derecho y por fuera de él, en la que se proclama una guerra en nombre de la humanidad pero que contradictoriamente a dicho enemigo no se le aplican las convenciones internacionales por crímenes de guerra porque son terroristas y no se está propiamente ante una guerra. Así, cuando la dicotomía amigo/enemigo se presenta como Humanidad vs. Barbarie, el enemigo no sólo es criminalizado sino rebajado, apartado de su propia humanidad.

Notas

[1] Las Organización de las Naciones Unidas considera que existen trece convenios internacionales que configuran toda una legislación antiterrorista, no obstante ello, sólo a partir de la Convenio Internacional de la ONU para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas de 1997 y el Convenio Internacional de la ONU para la represión de la financiación del terrorismo de 1999, se utiliza el término terrorismo. Las convenciones anteriores se refieren a la circulación aérea de bienes y personas que posteriormente fueron incluidos en la legislación internacional referida al terrorismo. Sin embargo, éste supuesto origen de la legislación internacional antiterrorista se enmarca dentro del derecho penal clásico, puesto que tipifica actos en concreto cometidos en las circunstancias a las que aluden.
[2] SCHMITT, Carl. El Concepto de lo político. En: ORESTES AGUILAR, HÉCTOR. Carl Schmitt, Teólogo de la Política. México, Fondo de Cultura Económica, 2001.
[3] v. JAKOBS, Günther. Derecho penal del ciudadano y Derecho penal del enemigo, en Jakobs/Cancio. Derecho Penal del Enemigo. Thomson civitas. Madrid, España, 2003.
[4] puede revisarse: CHAHUAN, Marcela. Sobre el derecho penal del enemigo (O el otro derecho penal). [en línea] Revista Hoja de Ruta, edición nº 2: “Guerras y estados de excepción en el próximo oriente”, octubre 2006. http://www.hojaderuta.org
[5] Op. Cit. SCHMITT, Carl. El Concepto de lo político. p. 117.
[6] v. ARENDT, Hannah. La condición humana. Barcelona, Paidós, 2005
[7]ARENDT, Hannah. Sobre la violencia. Madrid, Alianza Editorial, 2005. p. 77.
*Marcela Chahuán Z. es egresada de Derecho de la Universidad de Chile.

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