La progresividad unilateral de los derechos de autor

Por: Rafael Carreño
Fuente: Grupo de Investigación Copia/Sur(25.04.09)

El debate contemporáneo entre lo que se conoce como tendencias calificadas de `progresistas´ Vs. las denominadas tendencias `neoliberales´ se fundamenta en una serie de conceptos bien-intencionados que se esgrimen tanto de uno como en otro lado. En esta nota se aborda uno de esos conceptos que a primera vista tienen una carga positiva y humanista, cuyas consecuencias a largo plazo no parecen haberse visualizado suficientemente. Se trata de la noción de ‘derechos progresivos’ (no precisamente como se utiliza en el ámbito de los deberes tributarios: en donde lo `progresivo´ significa que quien tiene más ingresos paga más al fisco, sino más bien en un sentido garantista de los derechos humanos1) así, dicha progresividad significa que los logros obtenidos sólo pueden cambiar para mejorar o aumentar y por ende los derechos que se disfrutan no pueden ser disminuidos o eliminados. Por ejemplo, si unos asalariados reciben anualmente dos meses de sueldo adicional por vacaciones, la siguiente modificación de la ley de remuneraciones sólo podrá aumentar esa cifra a tres meses o más para poder ser considerada progresista, porque adoptar una cifra menor a esos dos meses sería una medida que revertiría los beneficios y sería considerada como opuesta a dicha progresividad, es decir, sería ‘regresiva’. Obviamente, la mayoría estará de acuerdo en que las mejoras que han sido alcanzadas por las personas, sean por decreto o de hecho, no deben desmejorarse. Eso es lo que dicta el sentido común, al menos cuando en el estudio de este fenómeno solamente observamos lo que ocurre del lado de los autores.

Es muy difícil que la opinión pública, y específicamente el sector de los intelectuales que confían en el sistema internacional de los derechos de autor, estén a favor de la revisión del argumento de la progresividad de tales derechos, ya que se trata de una noción idealizada a lo largo del conjunto de conquistas que desde la Revolución Francesa han sido incorporadas dentro de la legislación, doctrina que está matizada con algo de mitología urbana. Hasta aquí la progresividad parece haber beneficiado mucho a los creadores, otorgándoles cada vez mayores ventajas tanto en lo relativo a sus derechos morales o de reconocimiento, así como en lo relativo a los derechos patrimoniales o económicos, garantizados por las leyes del copyright y el derecho de autor. Sin embargo, hay matices que deben ser evaluados si se desea disponer de una sociedad justa, ampliamente educada, formada e informada, aspecto que indirectamente también beneficiará a los autores que aumentarán la base social de su audiencia al disponer de un público más numeroso, aumentando paralelamente sus ingresos y logrando que su mensaje trascienda más si permiten al ciudadano común un acceso más flexible a sus obras.

El problema oculto en la mencionada progresividad es el carácter unilateral que ha tenido la cultura de masas después de la invención de la imprenta y sobre todo ahora, ya que se ha pensado que es correcto beneficiar a los autores – aspecto que no hay que negar – pero esos beneficios se han otorgado selectivamente a un solo sector, sin incluir en la normativa progresista los intereses colectivos de los numerosos usuarios del sistema cultural. Esto ocurre porque el enfoque individualista imperante considera que la intelectualidad que produce las obras estaría en cierta manera escindida del resto de la sociedad que disfruta de esas obras, como si los creadores encasillados en una especie de categoría separada no constituyeran también parte de ese pueblo al que atienden. Del lado del público a veces no se presta mucha atención a conseguir derechos progresivos para los usuarios debido a que algunos espectadores se identifican con los artistas famosos y su conciencia social se confunde, como si esa colectividad explotada por la industria cultural conformara el sector minoritario de los reconocidos. Cuando alguna audiencia considera ser parte del sector de los ganadores se adormece su capacidad de lucha y el éxito de los creadores notorios se extrapola como si representaran el éxito del colectivo.

Es decir, que hoy la progresividad de los derechos intelectuales valora al cineasta, pero no otorga beneficios concretos al cinéfilo, aumentando sistemáticamente las ventajas de los productores mientras los derechos del espectador se van encogiendo proporcionalmente. Igualmente se valora al escritor, pero no al lector; se valora al investigador, pero no al estudiante; lo mismo con el compositor, olvidando al melómano; al dramaturgo o coreógrafo, obviando a la audiencia; y así sucesivamente… Por otro lado, los defensores del libre mercado argumentan que el derecho de autor es imprescindible, ya que consideran que el comercio sería lo único que ha mantenido y mantendría viva la producción intelectual, y que su rígido negocio no perjudica a la sociedad, ya que no es un sistema de beneficencia y no tendría que considerar el interés colectivo. Dentro de ese discurso los derechos difusos de las mayorías parecen no ser relevantes, aunque para poder tener más ‘clientes’ los autores y empresarios debieran considerar que a futuro unas personas más cultivadas pagarán regalías, mientras una población excluida no lo haría.

Dentro del sistema internacional de la propiedad intelectual – el cual está exageradamente determinado por el mercantilismo – apenas se considera al público como si fuera una especie de rebaño amorfo que sólo debe ser atendido al momento de ordeñarlo económicamente. Esa visión interesada también determina la sesgada dirección de los flujos culturales que se manejan según la voluntad de los inversionistas, es decir, la comunicación predominantemente unilateral ocurre debido a diversos factores que priorizan la rentabilidad y pocos parecen notar que el público no logra esos beneficios progresivos, o lo que logra es meramente simbólico. Como ejemplo, se puede mencionar que en la época de las telecomunicaciones por radiodifusión no se implementaron antenas de dos vías, para que el televidente respondiera y opinara significativamente, con lo que hubiera ganado un punto en el camino de la esperada progresividad colectiva. El televidente sólo recibía pasivamente los programas o noticieros fuertemente aderezados por la propaganda comercial, mientras hoy día, en la era de la televisión satelital, tenemos la posibilidad de atisbar alguna ligera manifestación de bilateralismo; por ejemplo, cuando se permite enviar una notificación electrónica de ‘pay-per-view’, vía cable óptico, para que descuenten de una tarjeta de crédito el monto por una película que se desea ver en la televisión de pago. Parece como si se pudiera hablar de diálogo/bidireccional – valga la redundancia –. En ese sentido, una expresión horizontal ahora es factible por medio de Internet, hasta que nuevas leyes restrictivas traten de imponerse a nivel mundial para regresarnos al carril controlado del comercio/unilateral – valga nuevamente otra redundancia –.

De esta manera, a lo largo de la historia, las condiciones de vida y los privilegios de los autores han sido elevados sistemáticamente, al apoyarse en complejos convenios internacionales de propiedad intelectual y en leyes nacionales de derecho de autor que han sido redactadas de una manera aparentemente neutra, pero que funcionan con un sesgo que debe ser revelado. Si ejemplificamos esto con alguna parábola podemos imaginarnos que a lo largo de los siglos el autor ha estado en un parque, sentado en el extremo de un columpio, mientras ha sido elevado por toda su audiencia que funciona como contrapeso del otro lado de la tabla. Cada vez que el autor es elevado un centímetro, al mismo tiempo la sociedad que lo lee, lo mira o escucha desciende un centímetro. Cuando el autor se eleva un metro la sociedad baja un metro. Así de simple. Al menos ello ocurre en la estricta dimensión económica, quedando la colectividad con el consuelo de haber recibido algo muy etéreo, como son las ideas o expresiones del autor. La reiterada relación conocida como “ganar-ganar” parece tratar de conciliar dos categorías extremamente diferentes – obras a cambio de un dinero del público que va hacia las manos de la industria cultural – por lo que cualquier alegato de desbalance será subjetivo.

Para exponer un caso concreto: cuando se extiende aún más la duración del copyright sobre las obras – por ejemplo, al prolongar la exclusividad comercial de una obra desde cincuenta hasta sesenta años de protección contada después de la muerte del autor – pareciera que ese difunto creador ganara diez años adicionales de lucro, en los que el disco o el libro que produjo seguirá permaneciendo en el dominio privado y generando beneficios comerciales. Es así que el derecho del autor termina convirtiendose en una progresividad ficticia para el creador y para el colectivo. En realidad ello significa que el empresariado – que suele tener los derechos autorales – es el que alcanza a disfrutar de esos diez años adicionales de exclusividad, mientras que para el ciudadano común la posibilidad de acceder a copiar libremente esa obra en el dominio público se retarda exactamente en diez años. Este caso refleja la metáfora del columpio, 10 años menos para todos significan 10 años más para el inversionista. Entonces ¿Se puede hablar de relación ganar-ganar si un lado sube y el otro baja? Es por ello que para sincerar el nombre de la llamada ley de derecho de ‘autor’ debería denominarse ley a favor del ‘intermediario’ o del ‘empresario cultural’.

En ese escenario el autor y el público que se balancean en ese columpio imaginario no están en contacto directo, el inversionista es el que conecta ambos lados del fenómeno cultural por medio de esa tabla que se inclina apoyada en el centro, apoyada sobre principios rígidos de exclusividad y balanceándose sobre medidas como las amenazas de juicio o las redadas antipiratería. Mientras más fuerte sea el inversionista, más larga será la tabla de ese columpio, más podrá subir el autor, más podrá bajar el pueblo y más separados estarán el emisor y el receptor del mensaje. Tal como ocurre en otros escenarios contemporáneos, el intermediario secuestra la progresividad del lado de la balanza que corresponde al autor, ejerciendo un innegable poder sobre la población que está del otro lado.

Para que la ventaja no se note, de vez en cuando la industria cultural distribuye gratuitamente algunos tickets de conciertos, reparten libros, sortean discos, rebajan el precio del software mas ordinario o regalan otros objetos de arte, ciencia o recreación. Principalmente eso no es una medida altruista, ya que funciona a modo de publicidad y a fin de que ocasionalmente se perciba una especie de relación ganar/ganar, sin que realmente los que requieren educación para salir de la pobreza se liberen a largo plazo de la dependencia del mercado cultural. Esos obsequios son calificados ‘responsabilidad social’, pero esa dosificada generosidad apenas sirve para que el sistema aparente ser solidario y humanista, por lo tanto sirve para aliviar la presión de aquellos grupos excluidos que requieren y merecen de una postergada oportunidad para aprender y alcanzar un modo más digno de vida por medio del conocimiento.

El problema histórico del derecho de autor o copyright es que desde su inicio siempre tuvo un uso restrictivo, es decir, siempre fijó barreras y límites a pesar de la leyenda dorada que nos lo ha pintado románticamente con un matiz positivo y positivista. A esto se suma el hecho de que directa o indirectamente los sucesivos mecanismos del mercado cada vez más han inclinado la balanza a favor de los empresarios, olvidando que en la ecuación existe un conjunto de pueblos que también tienen derecho a la cultura, más allá de jugar el rol pasivo de ser simples clientes cuyos bolsillos, chequeras o tarjetas son sistemáticamente exprimidas. Finalmente, existe el factor tiempo, que a lo largo de la historia de los últimos siglos magnifica una gran deriva en ese rumbo que se ha torcido, ya que prolongadamente se ha mantenido una direccionalidad coherente a favor de los intermediarios de la cultura, en detrimento de ambos extremos de la cadena comunicacional, léase los escritores/lectores, guionistas/espectadores y demás dualidades comunicacionales.

En ese contexto de concentración de derechos progresivos otorgados a un lado de la balanza y el contexto de la concentración de prohibiciones sumadas al deber de pago en el otro lado de la balanza es que se desenvuelve una dinámica cultural, que es vista más como transacción que como debate intelectual. Y hay que insistir en que frecuentemente los derechos autorales son expropiados de manera legal por el intermediario debido a que están amparados por leyes tendenciosas que han sido influidas o redactadas interesadamente por bufetes especializados en propiedad intelectual, medios de comunicación y grupos editoriales. Aunque dicha legislación está formalmente vigente hay que divulgar su inequidad y su falta de legitimidad social, para que enseguida se puedan activar mecanismos que permitan la adopción de un nuevo marco legal que verdaderamente democratice la producción intangible. Todavía son pocos en el mundo quienes están manifestando para que hoy día la progresividad también se aplique – como debiera – al lector, al televidente, al internauta, el estudiante, el bibliófilo y a otros muchos etcéteras. Más bien los reducidos derechos que todavía goza la colectividad conforman un campo donde continuamente se depreda en lo que resulta ser una especie de cosecha permanente de dinero. Es decir, cada nueva ley ha neutralizado los escasos derechos de la audiencia y ha otorgado más atajos a las minorías. La macroeconomía termina convirtiendo en poco trascendente a un gigantesco conglomerado poblacional, aparentemente anónimo, que no parece tener rostro, ni raigambre, y que ha tenido pocos dolientes en el ámbito legislativo.

La lógica de la oferta y la demanda del ámbito intelectual ha estimulado una encubierta pero intencionada escasez de libros, discos y otros recursos en una dinámica netamente regresiva para la audiencia; de esto resulta que mientras menos posibilidades tengan las personas de acceder a algún contenido, entonces estarán más dispuestos a pagar un precio. Y se sabe que, mientras menos abundante sea un elemento cultural, un precio que ya era elevado puede llegar a ser incrementado aún más y volverse realmente prohibitivo para la mayoría. Es decir, la aclamada progresividad no es un hecho universal si se la observa desde los ojos del público, ya que las ventajas para los usuarios apenas es manifestada en las leyes mediante lo que se denomina ‘limitaciones’ y ‘excepciones’. A los intereses de los inversionistas se les abre la puerta grande, mientras que el usuario debe conformarse con esas limitaciones y excepciones que constituyen la pequeña puerta trasera de la legislación vigente.

En cambio, los derechos colectivos si son garantizados en culturas de orden tradicional, las cuales suelen ser presionadas por los grandes centros mundiales de distribución de contenidos, lamentalemente esas culturas tradicionales hoy son consideradas atrasadas por muchos analistas pro-mercado debido a que dignamente siguen siendo solidarias con su población, al no incorporar medularmente el concepto de ‘propiedad’ en sus intercambios y sin someterse a las restrictivas leyes de la propiedad intelectual.

Un ejemplo del diferencial geográfico de la ansiada progresividad está en que para un trabajador norteamericano un CD de música cuesta el esfuerzo de dos horas de labor, mientras un latinoamericano promedio debe trabajar dos días para comprar el mismo disco a precios que se han internacionalizado sin internacionalizar los sueldos. Tristemente un habitante del África subsahariana debería destinar sus ingresos de dos semanas o más para realizar la misma compra y ejercer algún derecho cultural sometido a la doctrina ajena de unos lejanos países desarrollados. Bajo las condiciones actuales hay poca esperanza de que el público vea mejorada sus perspectivas en cualquiera de esos territorios mencionados. Es decir, además del dilema nacional de la progresividad de unos Vs. la regresividad de muchos, esto implica un problema intercontinental de soberanía y transculturización, cuando la mayoría de los contenidos que fluyen en Internet vienen de lugares muy específicos del mundo, por lo que esa especie de progresividad global ocasionada por los mensajes del norte se convierte en el fortalecimiento de los que ya son fuertes y en la desarticulación del acervo del hemisferio sur. La estética proveniente del mundo angloparlante reclama su sagrada progresividad, para no perder los gustos ni los mercados ya conquistados desde la época colonial, por lo que geopolíticamente la denominada cultura de masas defiende al menos el estatus quo de los centros emisores como Hollywood o Broadway, o abiertamente expresan la voluntad de abarcar el resto de los mercados que todavía no controlan. No es raro entonces que la progresividad de los derechos culturales del ‘tercer’ mundo no sea tomada en cuenta.

Pero, preguntémos, ¿por qué este asunto de la progresividad unilateral de los derechos intelectuales no suele discutirse ampliamente? Ocurre que la estrategia propagandística de la industria mediática se ha dedicado a hipnotizarnos con la figura de pocas estrellas de la farándula, se ha dedicado a encandilarnos con la genialidad de algunos pensadores y encantarnos con la expresividad de ciertos artistas, mientras se nos distrae para que no se entienda ni se cuestione el sistema. Por ejemplo, la progresividad otorgada al denominado `star system´ cinematográfico, que acapara casi todo el espacio disponible en los medios masivos, va en detrimento de los pequeños creadores que no tienen acceso a expresarse ante grandes audiencias. Nuevamente vemos una estratificación social manifestada en una pujante progresividad del famoso que está en la cima de la metrópoli, acompañada por la pesada regresividad del conjunto de los autores silenciados en la periferia. Por lo tanto, la aparentemente benéfica doctrina de la progresividad ha tenido como efecto colateral una disminución de la diversidad cultural.

Sin menospreciar ese mérito real de remuneración que la mayoría de los creadores requieren, también hay que percatarse de aquello que no se muestra en los impresos, ni en las ondas hertzianas o en las pantallas: mientras la sociedad mira a los más notorios personajes de la farándula deja de observarse a sí misma y deja de concientizar el triste rol pasivo que juega en un limitado mercado de producciones intangibles, cuya compra parece ser la única opción para informarse, educarse y recrearse. Aparte de mostrar obras buenas – además de otras no tan trascendentes y algunos mensajes degradantes – el sector empresarial se ha dedicado a invisibilizar a la sociedad como sujetos merecedores de los derechos intelectuales individuales y colectivos. Se ha tratado de convencer que el autor tiene derechos progresivos y punto, mientras se intenta opacar las voces que claman por una justicia cultural generalizada que sigue esperando desde la otra acera del intercambio intelectual. Durante décadas se ha invisibilizado a la sociedad ante sus propios ojos, se han ido erradicado los espejos comunicacionales donde todos pueden verse y escucharse, a excepción de permitir algo para lo que el mercado siempre ha facultado a todos: pagar para tener derechos. Pagar para leer, pagar para escuchar, para mirar y admirar. Sólo pagar, no hay otra lógica colaborativa que sea válida ante una estrategia cultural capturada por un sector corporativo que pretende tratar como ilegal o someter al ostracismo a cualquier intercambio no-comercial de contenidos. Pareciera que no se hubieran enterado de que existen obras complejas y disponibles como las herramientas de Linux o el compendio de Wikipedia. Muchos miran para otro lado cuando se menciona la alternativa copyleft, mientras prefieren acallar cualquier logro de la solidaridad, para imaginar que no se extenderá ese tipo de ‘virus’ benigno de la accesibilidad que existe en Internet, donde se alivia la dependencia y la ignorancia generalizada de millones de personas. Además, la propia industria cultural borra sus huellas para disimular su rol de virtual ‘monopolio’ u ‘oligopolio’ comercial, al denominarlo con un vocablo más digerible, como es la palabra ‘exclusividad’.

En este punto hay que aclarar que las críticas expresadas en estas páginas no tienen la intención de cuestionar las reales necesidades económicas de los creadores, ni se pretende preparar la opinión pública para un desmejoramiento de la ya difícil situación de muchos autores. Se sabe que mayoritariamente el autor no es el explotador sino el explotado, la solución no reside en expropiar a esos autores de sus derechos para hacer que la población acceda totalmente gratis al arte y el conocimiento. Es decir: hay que mantener en las leyes el actual reconocimiento moral y mantener también la potestad económica que ellos deben tener plenamente sobre su obra. Además se debe recuperar a favor del autor la mayor tajada de aquellos beneficios económicos producto de su esfuerzo y su talento que hoy quedan en poder de los intermediarios por medio de transferencias abusivas de sus derechos en contratos desventajosos. El acceso a obras valiosas – pero a precios económicos – e incluso el acceso a una masiva distribución gratuita de libros, enciclopedias y otras obras fundamentales destinadas al sistema educativo se puede lograr gracias a un cambio en la reglamentación de los derechos de autor, tomando en cuenta políticas culturales que estén más centradas en el aprendizaje, en la recreación sana y en la estimulación de la sensibilidad estética. Esas leyes deben abandonar el culto por el objeto de arte que se colecciona en forma de libros, discos, esculturas, fotos u otros soportes materiales, de esta forma la progresividad para el público no dependerá de ‘poseer’ el ‘producto’, sino de ‘asimilar’ el ‘mensaje’: entiéndase leer, escuchar o ver. Además hay que recordar que la gratuidad para el usuario no implica que el autor trabaje sin remuneración ya que diversos tipos de instituciones pueden encargarse de proveer los recursos para los autores, pero la gratuidad para el público tampoco significa que el Estado deba pagar a los intermediarios todo lo que el libre albedrío de esos editores e inversionistas consideren adecuado según sus amplias ambiciones. El cambio reside en alcanzar el punto medio, sin ahogar a nadie, incorporando a un sinnúmero de personas que no tienen en casa información liberadora y sin ceder ante las ansias de los grupos minoritarios que han dominado y dominan el flujo del conocimiento.

Aquí se hace visible la necesidad de repensar la mencionada `progresividad´ debido a su tendencia al extremismo, para pasar a favorecer doctrinas tendientes a la moderación y la restitución del equilibrio en los derechos culturales. Es decir, garantizando las necesidades intelectuales de los excluidos y paralelamente frenando la espiral inflacionaria del sector privado, sin pretender que desaparezca ese sector de los editores, productores y distribuidores. Esto ya ocurre con iniciativas de activistas como los del software libre, herramienta que puede ser usada gratuitamente por cualquier persona que la adopte sin fines de lucro, pero que implica una remuneración a los programadores si una empresa desea alguna herramienta adicional por encargo. También habrá que estar preparados para contrarrestar el discurso plañidero que los favoritos del mercado cultural podrán emitir a favor de los empresarios si se llegan a ampliar significativamente los derechos intelectuales de las mayorías, estrellas quienes seguramente denunciarán como supuestamente regresiva la auténtica progresividad generalizada, que incluya a todos en el contexto de una nivelación de la deuda social intelectual.

Por ejemplo, cuando en 1709 el Estatuto de la Reina Ana de Inglaterra otorgó beneficios a los autores, esto no se hizo generosamente debido a que hipotéticamente ocurriera alguna protesta de los mismos autores que reclamaran algún tipo de progresividad incipiente, los cuales fácilmente hubiesen sido apresados o ejecutados por las autoridades de turno por subversivos, sino se debió realmente a la influencia de los editores que intentaban mantener velado un privilegio, escudándose en los autores que eran sus propios empleados. Este fragmento oculto de la historia se repite desde hace siglos en el área de los derechos de autor o copyright, pero no es un problema que se restrinja solamente al intercambio cultural, se trata de una tendencia que afecta otras áreas de lo que ahora se conoce como `propiedad intelectual´: Como ejemplo similar se tiene el caso de las patentes industriales, con inventores expropiados y usuarios excluidos; sin hablar de numerosos otros quehaceres donde impera el concepto de propiedad y se invisibilizan los derechos difusos de las mayorías a las que no se les permite la mencionada progresividad.

Hoy el sector que se considere verdaderamente progresista no debe apoyar acríticamente el aumento de aparentes ventajas unilaterales a favor de los autores – aunque insistimos que el autor si debe disponer de un significativo ingreso económico – y tampoco los mismos autores debieran abogar por más prebendas ficticias que escasamente llegan a sus manos, mientras terminan beneficiando a terceros. Por ejemplo, de nada le sirve a una persona natural que una obra esté sometida al dominio privado, es decir fuera del alcance de los interesados quieran reproducirla gratuitamente durante unos 50 o 70 años después de la muerte del autor, ya que ese mismo autor no estará vivo para disfrutar de las ganancias que esa obra genere a favor de una persona jurídica que nunca morirá, léase una empresa. La idea es rechazar la ilusión de una remuneración destinada a aquellos que son depositados en un cementerio – ya que en la práctica los herederos del autor suelen ser todavía más fáciles de estafar que los propios autores –. La clave está en lograr que se garanticen derechos humanos ya conquistados y que estos derechos puedan ser verdaderamente disfrutados en vida sin que sean secuestrados por inversionistas inescrupulosos a cambio de una promesa al autor. Actualmente un legislador sólo debe proponer artículos que otorguen ventajas a los autores a condición de que antes pida que se le otorgue al público ventajas más significativas que restauren el equilibrio perdido. La solución tiene que fundamentarse en un cambio de paradigmas orientado por la ética, donde los autores tengan para escoger varios modos complementarios de obtener su sustento – alternativas que se expondrán próximamente en otro artículo – es decir, que no dependan únicamente del viejo mecanismo del copyright o los derechos de autor como única vía, los cuales se han caracterizado por mostrar una mínima generosidad, dentro de un sistema privado que no puede ser realmente generoso con el creador porque en la práctica está basado en la maximización del lucro corporativo.

Es por ello que la aparente ‘progresividad’ de los derechos del autor no puede seguir construyéndose a costa de canibalizar algunos derechos que en épocas anteriores tenían los usuarios del sistema cultural, y las nuevas leyes no pueden seguir erosionando el dominio público como ocurre desde el siglo anterior. La bien-intencionada progresión de una minoría autodenominada culta y creativa se puede ejercer debido al poder intelectual que un sector ya posee, y que no tiene intención de cederlo, pero dicha progresión no puede sustentarse en la regresión del resto de la humanidad. Si el principio de progresividad es beneficioso y es válido para una cara de la moneda, entonces debería ser válido para todos al incorporar los derechos de segunda y tercera generación a favor de los lectores y espectadores. La unilateralidad de los derechos intelectuales a expensas del usuario es un hecho obvio y cotidiano que infructuosamente se ha tratado de mantener oculto, mientras los que denuncian ese desequilibrio no reciben espacios significativos en los medios de comunicación masiva. Es hora de que todos, incluso los autores, conciban un escenario artístico, recreativo, informativo, científico y educativo que se parezca menos a una depredación económica que, por lo comercial, resulta un remedo de la depredación de cuarta generación que hoy vemos en los modernos campos de la batalla comunicacional. Las anónimas bajas en este objetable enfrentamiento cultural son evitables, aunque hoy el sector poblacional de mayores recursos pueda adquirir contenidos y expresiones, mientras los menos afortunados siguen intencionalmente sometidos a la ignorancia dentro de un sistema internacional de propiedad intelectual que ha sido diseñado por y para pocos.

No basta pensar en esto durante lo que se ha denominado el “día del libro” del 23 de abril, es preferible hacerlo durante los 364 días restantes porque esto no es sólo un asunto que incumbe a poetas, novelistas e investigadores; el unilateralismo en los derechos de autor es algo que afecta a todas las comunidades y familias que deben crecer espiritualmente y que al menos deben comprar textos escolares anualmente. En esas transacciones los beneficios desproporcionados se quedan en el camino, mientras a las manos de los creadores sólo llegan migajas aderezadas con buenas intenciones, a nombre de una dudosa `progresividad´ ampliamente distorsionada en su contra. Tras concientizar ‘quién’ ha sido realmente el minoritario beneficiario de esa especie de ‘progresividad’ selectiva, las condiciones están dadas para que ese mito postmoderno sea sustituido por un bienestar educativo que generacionalmente fluya más allá de los versos, las melodías o las enciclopedias.

REFERENCIAS

Sanchez de Bustamante, Teodoro. 2008. Globalización económica y derechos sociales, supremacía del derecho progresivo y garantista. Hologramática, año V, número 8, volúmen 2: 49-94. Facultad de Ciencias Sociales UNLZ. Buenos Aires. http://www.cienciared.com.ar/ra/doc.php?n=841

Story, Alan; Colin Darch y Debora Halbert. 2008. El Dossier Copia Sur; problemas económicos, políticos e ideológicos del copyright en el Sur Global. Copy/South Research Group. 187 pp. http://www.copysouth.org

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