No a la Ley sobre el derecho de autor

Fuente: Rebelion (13.11.08)

El Gobierno de Chile se propone cambiar, durante el periódo legislativo 2008, la actual Ley de Propiedad Intelectual que está vigente en Chile desde 1970. Para ello, convocó a una mesa de diálogo representada por diversos organismos públicos, privados y de la sociedad civil, que tienen vinculación directa con esta temática, a entregar sus perspectivas con el fin de consensuar posiciones y lograr una ley justa para todos.

No obstante de ser un proceso bien concebido, en el contexto de la tramitación de esta ley en el Congreso Nacional, la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), una de las organizaciones participantes en esta mesa de diálogo, reconoció tener un acuerdo secreto con el Gobierno, hecho que fue, además, ratificado por la propia Ministra de Cultura. El mencionado acuerdo busca plasmar en el texto de dicha ley los intereses exclusivos de la SCD, dejando al resto de los participantes de la mesa fuera de la discusión de sus aspectos centrales.

Independientemente de lo nefasto que resulta esta falta de respeto a las organizaciones que fueron convocadas al diálogo, la ley propuesta por SCD y finalmente aceptada por el Gobierno, pasa a llevar un conjunto de aspectos que están en contra del interés de la gran mayoría de las chilenas y chilenos, en la medida en que se terminan diversos derechos que nuestra sociedad había logrado para el beneficio público.

El acuerdo plantea, entre otras cosas:

– Eliminación de excepciones para uso justo y educacional: Se prohíbe a las bibliotecas reproducir sin pago obras protegidas para uso de colegios o universidades, (fotocopiar textos adquiridos legalmente para fines académicos). Al mismo tiempo se elimina el uso justo que permite utilizar contenidos protegidos, en la medida en que estos usos contribuyan a la sociedad generando innovación, creando nuevas obras o fomentando la discusión pública sobre una obra determinada.

– Eliminación de la necesidad de probar el uso efectivo de las obras: La SCD calcula lo que le cobra a restaurantes, conciertos y hasta bingos por la totalidad de ingresos brutos y no por el uso efectivo, que no tiene necesidad de probar.

– Eliminación de arbitraje forzoso: La SCD fija unilateralmente sus tarifas. En caso de desacuerdo, el usuario no tendrá más opción que aceptarlas o recurrir a tribunales.

– Responsabilidad de las operadoras de Internet: La SCD supone a priori que Internet está hecha para bajar contenidos en forma ilícita. Al responsabilizar a las ISP podría eventualmente cobrarles por conexión (y supuesto pirateo). Ese cobro lógicamente terminaría traspasándose al usuario, aún sin demostrarse que éste realizó un delito.

– Rechazo a indicaciones posteriores: El Gobierno se compromete a no apoyar ninguna modificación posterior que contravenga el acuerdo con la SCD.

La ley aún no se promulga. Aún es tiempo de detener esta situación, toda vez que estamos seguros de que en Chile hemos alcanzado la suficiente madurez para comprender los nuevos tiempos que vivimos, y las perspectivas que nos muestra la naciente sociedad de la información. Hoy en día emergen nuevas formas de producir arte y cultura, así como nuevas formas de vivir con su comercialización; formas que no atentan contra la libertad de los usuarios, que no atentan contra la innovación y la creatividad, contra el desarrollo artístico y cultural del país, y contra el dominio público.

El llamado es a firmar la carta localizada en el sitio http://sss.cl/noalaleyscd/index.php, con el fin de mostrar nuestro rechazo a las prácticas antidemocráticas del Gobierno y, lo más importante, nuestro rechazo a una ley hecha a la medida de una organización en particular.

La lista de firmas será entregada con copia a todos los miembros del Congreso Nacional que deben decidir sobre este particular. El acto de legislar debe ser siempre un acto con altura de miras, que estamos seguros nuestros legisladores se detendrán a considerar.

Finalmente, corresponde hacer un llamado a todas las mujeres y hombres de Chile a difundir estos contenidos, y a reforzar la corriente de opinión, para detener las iniciativas que tienden a perjudicar el dominio público que juntos hemos construido.

Hugo Muñoz Baronti: Webmaster -Arena Pública, plataforma de opinión de Universidad ARCIS

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