Por: Hernán Montecinos
Fuente: tomadfo del ensayo «Derechos Humanos: Entre realidades y convencionalismos» (Del mismo autor)
En el mes de Diciembre del año 1998, con motivo del 50 Aniversario de la Declaración de los derechos Humanos, salió a la luz mi ensayo titulado Derechos humanos: Entre realidades y convencionalismos, en donde adelanto juicios que advierten sobre la inminencia de la crisis que se avecinaba sobre las Naciones Unidas, y cuyos hechos y datos más recientes no hacen más que confirmar.
En efecto, hoy EEUU y Gran Bretaña, ponen en jaque la sobre vivencia de los Derechos Humanos en el mundo, con su amenaza de hacer la guerra contra Iraq, a contrapelo de los deseos de la opinión pública mundial y de la mayoría de los países miembros de las Naciones Unidas, incluidos miembros de su Consejo de Seguridad.
Por estimar que el tema mantiene su interés y se encuentra hoy más vigente que entonces, he estimado necesario y pertinente reproducir parte del libro en donde señalo hechos y circunstancias que hacían avizorar la crisis de las Naciones Unidas que ahora estamos viviendo.
Decía entonces, que ya en la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos, el año 1993, en Viena, había quedado en evidencia los inicios de una crisis institucional que ahora se acelera. En efecto, las discusiones que allí se dieron, logró alcanzar ribetes muy particulares. Ello, si tomamos en cuenta que logró plantear en sus debates una abierta pugna entre países ricos y pobres respecto al modo como deben encararse los DDHH en las distintas regiones del mundo.
Ya en el «Foro», previo a la Conferencia, muchos de los organismos participantes, principalmente los Organismos No Gubernamentales (ONGs.) y representantes de los países del Tercer Mundo, exigieron con énfasis se abordaran las causas profundas que generan las violaciones a los DDHH en los países subdesarrollados, disponiéndose a luchar por enfrentarlas.
Este hecho, que pasó inadvertido a la opinión pública del mundo, ha quedado registrado como un gran acontecimiento en los registros de las Naciones Unidas, al lograr plantear la cruda realidad del tema, aún pese, a la posición en contrario de los EEUU y sus aliados más inmediatos. Porque no hay que olvidar que los DDHH fueron siempre un instrumento de los EEUU y sus aliados en la confrontación con el ex campo socialista. Una vez desaparecido éste, el tema pareció quedar relegado a una simple referencia a problemas de países del Tercer Mundo, a los que habría que enseñarles los modos de comportamientos adecuados, según las pautas establecidas desde los países «civilizados».
Así, no resultó casual que una minoría de países, pero de peso significativo en las instancias institucionales de la Organización Mundial, trataran de excluir la participación de las ONGs. y prevenirse en contra de recomendaciones progresistas y la posibilidad de reformas estructurales. Especialmente EEUU, se opuso a que se incluyeran temas como el de los derechos económicos, sociales y culturales. Una posición coherente con los intereses ideológicos globales de ese país, si se tiene en cuenta que siempre había sostenido una posición ideológica reductiva sobre el tema, en términos de circunscribir los DDHH sólo como expresión de los derechos individuales.
De este modo, en la clausura del Foro quedó de manifiesto el conflicto ideológico para todos aquellos que pudieron seguir con atención los detalles mismos que caracterizaron sus debates. Esta particularidad llegó a su clímax, en el momento que habiéndose contemplado a Jimmy Carter para el discurso de clausura, ello motivó el malestar de gran parte de los asistentes por estimar de mal gusto que un ex Presidente del país que aparece como el mayor violador de los DDHH a escala planetaria, apareciera como símbolo de las organizaciones que luchan por su vigencia. Por eso cuando Carter subió al estrado, un hecho inédito pareció acontecer en la Sala: los más de 2000 participantes impidió que una escasa minoría lo escuchara; Carter entró y salió bajo un sólo grito: «Go home».
Este episodio reviste importancia y connotación, si se toma en cuenta que sucedió en el momento de mayor auge y predominio de los EEUU, en los momentos que la imposición del neoliberalismo, por una parte, y la caída del bloque socialista, por otra, eran las imágenes que predominaban en el mundo, lo que indujo a decir a uno de sus dirigentes: «De los discursos y las resoluciones de la Conferencia, los participantes podrán olvidarse. De este hecho nunca».
La pormenorización de los hechos que allí se sucedieron constituye una buena base epistemológica para comprender un cuadro que no es único en el seno de las instituciones que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. Hechos como éstos, se repiten con características más o menos similares en resoluciones de diversa índole, cuyas aprobaciones no responden necesariamente a la libre voluntad de los países que las votaron. Y esto tiene su explicación, porque aún contra todo lo que se pueda decir, en definitiva, la dependencia de muchos países, respecto de los EEUU y otros países altamente industrializados, les importarían un virtual suicidio ir en contra de las presiones a que se encuentran sometidos. De no seguir las líneas establecidas por estos últimos, les significaría la exclusión de préstamos, inversiones, asistencias y tecnologías, etc., sin las cuales, ningún país puede hoy sobrevivir o, a lo menos, estar presente en el concierto de los Estados denominados modernos.
Si esto sucede en la organización máxima mundial que los Estados se han dado, ello viene a confirmar aquella impresión vastamente generalizada de que en nuestra actual época estamos asistiendo a una crisis general que afecta a la mayoría de las instituciones y a los paradigmas que sustentan a la Modernidad: Estado, Nación, democracia, racionalismo, ciencia y técnica, entre otros.
Se infiere, por tanto -para la inmensa mayoría-, que esta referencia alude a una situación del todo global, que podría encontrarse ligada a una suerte de un nuevo advenimiento epocal, vinculado con las últimas transformaciones a nivel planetario. Sería, ni más ni menos, el ingreso a una situación nueva, que plantea serios problemas y desafíos, de lo cual no escapan ni aún las instituciones consideradas como más respetables y que aparecen ante la faz del mundo con mayor solidez. Por eso, no nos asombró mayormente que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco de la conmemoración del 50 aniversario de su fundación (1995), tuviera que poner especial atención a la crisis que la afecta.
Porque aún, sin tratarse de una crisis terminal, se trataba de una crisis que ponía en peligro la suerte de importantes proyectos y, también, más de algunas de sus propias funciones institucionales. Entre otros, su déficit financiero, su excesiva burocratización y la falta de democratización en algunas de sus instancias básicas, constituyeron la sombra que merodearon sus deliberaciones. Pero, más aún, la falta de credibilidad de la Organización Mundial ante la opinión pública internacional, era el elemento que caracterizaba de mejor manera su crisis. De allí, que estos tópicos pasaron a ser temas de discusión de tanta o más importancia que la paz mundial, la lucha contra la pobreza, la protección del medio ambiente, el problema de las drogas, el recrudecimiento de los conflictos étnicos, el problema ecológico y la defensa de los Derechos Humanos mismos, entre otros.
Sin embargo, atendida la gran acumulación de riqueza atesorada en el mundo, fundamentalmente, por los países altamente industrializados, es de pensar que su crisis financiera representa sólo un hecho coyuntural y, en tal carácter, prontamente tendría que solucionarse esta parte del problema. No así, la falta de democratización en algunas de sus instancias, por ser éstas de carácter estructural del momento que se vienen arrastrando desde su misma fundación el año 1945. La expresión más representativa de esto último lo encontramos en el carácter que revisten las atribuciones de los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad (EEUU, Rusia, Inglaterra, Francia y China), los cuales, ejerciendo su derecho a veto, pueden echar por tierra cualquier resolución aprobada ampliamente por toda la comunidad mundial.
Hechos recientes, como por ejemplo, el veto de EEUU torpedeando una resolución del Consejo de Seguridad que condenaba la construcción de asentamientos en los territorios ocupados por Israel, así como, su veto oponiéndose a la reelección del entonces Secretario General de la Organización, Butros Butros Ghali, son hechos demostrativos bastante elocuentes de un arrogante poder y de un no menor irritante privilegio. Así, se produce la paradoja que mientras, por un lado, la Organización Mundial alienta y estimula a los países miembros para que democraticen sus gobiernos e instituciones, por otro, la práctica de su instancia más alta muestra el ejemplo contrario.
Se trata, en fin, de que en la actual situación internacional, por el predominio casi absoluto de los EEUU., la ONU no ofrece garantías de ninguna especie. Lo dicho, porque tanto en la designación de quiénes tienen que ocupar las más altas responsabilidades, como el carácter de las resoluciones aprobadas en sus diferentes instancias, han mostrado en forma evidente la supeditación a los intereses de esa gran potencia, generando discriminación de trato y la violación del principio de igualdad ante la ley, en no pocas ocasiones.
No en vano, a este propósito, «La Declaración de Quito» (1993), suscrita por más de 200 organizaciones, e instituida como instancia previa a la «Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos», realizada en Viena, alienta a promover entre otros aspectos: «El incremento de facultades de la Asamblea General, otorgándole la decisión exclusiva, con una mayoría calificada para adoptar medidas coactivas frente a situaciones de peligro para la paz y seguridad internacional». También promueven «la supresión del derecho a veto en el Consejo de Seguridad y la democratización de su composición», así como, «la calificación como delito internacionales de las políticas y prácticas de los Estados e instituciones, que violen el derecho a la independencia, al desarrollo y los derechos económicos, sociales y culturales», etc.
Entonces, no es de extrañar, que en un contexto así los debates y deliberaciones que se dieron en el seno de la organización mundial, en el marco conmemorativo de su fundación, ya no centraran su atención en los objetivos utópicos que la inspiraron al momento de fundarla, sino que motivadas en un pragmatismo que la obligaron a poner en el centro de la discusión temas propios de las instituciones modernas. No en vano, en la declaración final, entre otros puntos se señala que: «Haremos que la ONU entre en el siglo XXI dotada de medios, de recursos financieros y de estructuras que le permitan servir a los pueblos en cuyo nombre fue creada».
Con estos y otros antecedentes, podría pensarse que la demora en la solución a los problemas centrales que quedaron en evidencia, pudieran significar serios tropiezos para la suerte misma de la organización mundial y, en lo que interesa al tema, pudieran verse comprometidos en ello también, el resguardo de los Derechos Humanos en vastas regiones del mundo en donde el problema mostraba su mayor crudeza (Yugoslavia, Medio Oriente, Ruanda, Somalia, Etiopía, etc.).
Sin embargo, un examen ponderado respecto de los elementos que juegan en la representación de esta imagen, inducen a concluir que la garantización y efectividad de los Derechos Humanos, no van a encontrar necesariamente el fundamento de su crisis en los problemas mismos que afectan a la Organización Mundial porque, si bien, éstos, objetivamente pudieran afectar de algún modo sus fines, la raíz misma de la negación o debilitamiento de los DDHH en vastas regiones del mundo, encontrará su explicación en fundamentos de naturaleza mucho más vastas y profundas.
No obstante, de cualquier modo, es de pensar que cualquier perspectiva hacia el futuro, en relación con los DDHH, tendrá que tener presente la necesidad de dotarnos de organizaciones que nos representen efectivamente para los propósitos de una política democrática, eficaz y no discriminatoria sobre los DDHH. No se trata de crear otros organismos distintos a las Naciones Unidas, más bien se trata, que ésta supere sus actuales limitaciones y que nuestros organismos regionales, en nuestro caso, la «Comisión Interamericana de DDHH de la OEA», profundicen y amplíen sus temáticas tanto teóricas como prácticas para atacar el problema por sus causas y no por sus manifestaciones finales.
Porque la defensa de los DDHH, siendo una causa que a todos nos importa como sujetos de los derechos declarados, para que sea mayormente efectiva a los propósitos que la inspiran, debe tener en cuenta una realidad política que encuentra en sus organismos institucionales su mayor caja de resonancia. Por eso, cualquier crisis que pudiera afectar a dichos organismos, debe ser materia de preocupación para todos aquellos que, de uno u otro modo, se encuentren comprometidos con la defensa de esta hermosa y noble causa.
En este último sentido, tener conciencia que más que una crisis reflejada en los aspectos financieros, o en la necesidad de democratización y desburocratización de las estructuras de la organización mundial, pesa más ante la opinión pública su crisis de credibilidad, por el papel que ésta juega en las nuevas condiciones geopolíticas, en favor de las políticas de los modernos Estados imperiales.
Si la historia contemporánea se ha mostrado bastante generosa en documentos que denuncian estas inconsistencias, no tendría mucho que asombrar en nuestra época, que ciertas instituciones y organismos vivos de la comunidad internacional, desde el lado de afuera de la Organización Mundial, tengan que hacer extensos recordatorios a esta última, para que las funciones y actividades que le ha encomendado la comunidad mundial, dejen de estar siendo objeto de presiones y manipulaciones ideológicas para satisfacer intereses partidistas que sirvan a los objetivos del poder político en el mundo.
EN AMÉRICA LATINA.
Hacer generalizaciones sobre la realidad de nuestro continente, corremos el riesgo de caer en simplificaciones que no siempre son válidas. Porque América Latina no es otra cosa que un mosaico de naciones con diversos niveles de desarrollo, estructuras estamentales dispares, niveles educacionales diversos, distintos grados de modernizaciones, nacionalidades diversas, diferentes costumbres, tradiciones, etc.
No obstante estas diferencias, es posible descubrir problemas básicos comunes entre los que destacan, por una parte, la dependencia política, económica, social y cultural respecto de los países altamente desarrollados y, por otra, la explotación del trabajo que sucesivamente han debido soportar nuestros trabajadores por siglos.
Si exceptuamos algunos pocos países que han logrado poseer una clase media suficientemente extendida y sociológicamente significativa (Argentina, Uruguay Costa Rica y, en menor grado, Chile), el resto de los países se han caracterizado por presentar un biclasismo irritante, respecto de su población negra, indígena y mestiza.
Estas características no son casuales, en tanto se trata de la expresión de un legado que ha sobrepasado ya los 500 años de historia de dominación. Una historia plagada de conflictos y contradicciones, en que lo único que ha cambiado han sido los dominadores. Esta condición ha logrado perpetuar la pobreza y la marginalidad de la mayor parte de nuestra población, tendencia que hasta hoy se ha reproducido y se ha profundizado permanentemente bajo distintas modalidades.
De este modo, nuestra América Latina (AL) bien sabe lo que significa la palabra DDHH y Autodeterminación de los Pueblos en boca de los países opulentos, fundamentalmente, del norteamericano. No en vano ha tenido que sufrir una interminable serie de intervenciones directas o veladas.
De ello, una historia plagada de intervenciones que se expresan, desde el despojo a México de más de la mitad de su territorio a mediados del siglo pasado, y la intervención militar tanto en Nicaragua, Cuba y Santo Domingo, hasta la anexión de Puerto Rico, y la más reciente intervención militar en Granada y Panamá, son algunos de los ejemplos. A pesar de estos y otros tantos hechos, una retórica absurda sigue golpeándonos con la imagen de EEUU como país campeón de los DDHH, señalándole como la gran potencia democrática y cabeza visible del llamado «mundo libre».
Es en este cuadro, que en las condiciones pasadas y presentes, hablar de la pérdida de la soberanía política en AL es hablar de la pérdida de nuestras riquezas materiales, porque la violencia dominadora estuvo, como siempre en la historia, al servicio de la apropiación de los recursos ajenos. Esta fue la lógica que trajo a los conquistadores europeos a nuestro continente en siglos pasados y lo que atrae hoy al moderno conquistador norteamericano.
Pero ya en estos días no tiene expresión en nuestros países el colonialismo por la simple razón que ya no se hace necesario, en la medida que las intervenciones se operan ahora a través del campo de lo económico, de la ciencia, de la técnica, de la comunicación, de la ideología, de la cultura, etc., que como métodos de sometimientos han resultado mucho más efectivos que los modos coloniales tradicionales. En esta realidad, la humanidad del colonizado ha tenido que ser adaptada por el neocolonizador para que el proceso colonial pueda seguir manteniéndose bajo las nuevas modalidades.
En tal afán, los EEUU se han encargado de trasladar a nuestras sociedades, no sólo sus sistemas de operaciones mercantiles y la imposición de su sistema político, sino que también los productos ideológicos propios de una sociedad del capitalismo avanzado. Esta exportación se ha mostrado sumamente exitosa del momento en que no hay otro ejemplo, en que la dominación y control cultural de un país imperialista sobre una zona del mundo, se haya desarrollado tan bien entre estos dos polos.
Por ello, debemos tener presente que en la AL no ha sido suficiente como se pensaba que una vez terminadas las dictaduras militares pudiéramos haber llegado a un estado feliz respecto de la situación de los DDHH. Lo anterior, por cuanto en las nuevas condiciones impuestas por la fase económica neoliberalista, las dictaduras se han hecho inútiles e innecesarias para aquellos que las impulsaron, es decir, para el gran capital y el imperialismo venido desde los estados imperiales. Este punto adquiere relevancia para comprender el por qué en nuestra región se habla mucho de los DDHH sin tenerse una noción muy clara de la amplitud de su significado.
El común de la gente se ha acostumbrado asociar los DDHH exclusivamente con aquellos hechos que afectan la vida y las libertades individuales de las personas. En otras palabras, nos hemos acostumbrados a vincular la violación de los mismos con sus aspectos puramente cruentos. Así, se ha emplazado el problema en su variable civil y política, es decir, en los llamados derechos individuales. Sin embargo, la mayoría de las agrupaciones que se ocupan de los DDHH no han sido capaces de plantearse en términos de hacer esclarecimiento de las estructuras que dan lugar a esos males.
Por ello, el debate del tema en nuestra región se ha presentado muy limitado. Con frecuencia éste se encuentra estacionado en aproximaciones muy superficiales que sólo tocan las manifestaciones finales del problema sin entrar a profundizar en las estructuras del sistema que dan origen a nuestros males. De allí, que se hace necesario devolver al fenómenos toda su amplitud y su verdad más profunda y general.
Si operamos en este sentido, de seguro, llegaremos a la convicción de que las imágenes más cruentas que sensibilizan el tema de los DDHH, encuentran su fundamento en la imposición de una política y una ideología neoliberalista y, también, a no olvidarlo, a una estrategia geopolítica mundial, en tanto el Departamento de Estado norteamericano y sus organismos afines, pudieron con sus intervenciones asegurar el éxito de los golpes militares en este lado del mundo. Así, por ejemplo, en nuestro país, el hecho mismo del golpe militar sólo constituyó la puntada final, el último eslabón de toda una trama anterior concertada por grupos económicos nacionales y extranjeros y de fuerzas políticas e ideológicas de diversa índole. Es decir, que el golpe militar y la consecuente ruptura del orden institucional y democrático, sólo fueron el efecto, el resultado último de una causa original, en donde los poderes imperiales decidieron abortar el proceso de cambios que se venía generando en las estructuras de la sociedad chilena.
Por ello, en el nuevo cuadro geopolítico, debemos tener presente que con o sin dictadura nuestros derechos nos seguirán siendo negados, en tanto sigamos siendo países dependientes y el neoliberalismo despiadado siga acentuando su fase depredadora y explotadora con más vigor que antes.
En este cuadro, hay que comprender la contradicción que significa en nuestro subcontinente el que la Declaración Universal encargue al Estado el papel de mediador para asegurar el cumplimiento de los derechos declarados. Porque bien sabemos lo que significa el Estado, en tanto su naturaleza clasista lo lleva a atender los derechos de la clase dominada sólo en forma derivada y subalterna, no logrando universalizar la práctica efectiva de los DDHH en nuestras regiones. Ello, en tanto estos derechos se encuentran estructuralmente violentados por la forma en que el Estado organiza la sociedad clasista: privilegio del capital sobre el trabajo, macroeconomía sobre la microeconomía, explotadores sobre explotados, policlínicos para pobres y clínicas para ricos, etc.
Y no podría ser de otro modo, porque el componente básico del Estado lo constituye el poder. Quién tiene el poder controla el Estado. Y en las sociedades capitalistas el poder siempre ha estado en manos de la clase minoritaria, dueños de los medios de producción, productores de su propia ideología. Porque el Estado, en último término, no es otra cosa que la expresión del Poder de una clase social sobre otra para generar tales o cuales derechos. Esto significa que los explotados y explotadores son portadores de sus propios derechos, colmados para los últimos y negados para los primeros. Y si a ello agregamos que nuestros documentos constitucionales fueron sólo copias de la constitución norteamericana o de los principios de la Revolución Francesa, se comprende mejor el por qué la defensa del individuo y de la propiedad privada logran ocupar un lugar de privilegio.
A partir de esta realidad cabe preguntarse si las estructuras legales heredadas han servido o no a nuestros pueblos. Por cierto, en su primer momento su utilidad queda fuera de toda duda, mas en las actuales condiciones éstas se muestran insuficientes y, más aún, causa de muchos de nuestros males. Y ello no es extraño, porque tales documentos fueron producto de elucubraciones de las élites criollas, que se preocuparon por reglamentar los cambios, cuidándose de salvaguardar sus privilegios.
En este contexto, se hace necesario levantar una nueva alternativa para los DDHH cuyo fundamento no sea el asistencialismo liberal, sino un conjunto de sistemas y modalidades nuevas que permitan un real proceso de liberación para los pueblos de nuestra región. Quizás, en esta última idea sea alentador constatar el hecho que desde el año 1992 en adelante se han estado realizando reuniones de los jefes de Estados de los países miembros, en las llamadas «Cumbres Iberoamericanas». Este hecho aparece relevante, porque nunca antes nuestros países pudieron sentarse a tratar sus problemas sin dejar de tener la presencia y presión del gobierno norteamericano. Desde la primera reunión en Guadalajara (1992), el tema de los DDHH no ha dejado de estar presente en sus deliberaciones, insertándose a propósito párrafos específicos en la perspectiva de comprometerse los países que lo conforman, en el respeto a los DDHH en sus más distintas expresiones y tomar las medidas necesarias para optimizar su preservamiento.
Sin embargo, debemos reconocerlo, estos intentos han sido más formales que reales, al no lograr superar nuestra situación de dependencia, lo que ahora se ha agravado con la aparición de nuevos fenómenos globales. Porque la internalización de la política y el comercio, entre otros, han terminado por despojarnos de algunas defensas que aún nos quedaban en resguardo de ciertas autonomías nacionales. Así, con las intervenciones de instituciones como el FMI, el Banco Mundial, el BID, el Grupo de los Siete, la misma Naciones Unidas y los tratados comerciales sectoriales (Mercosur, Nafta, etc.) se ha derrumbado todo lo que quedaba de nuestras fronteras nacionales. Si a ello, agregamos, la intervención indirecta y velada de las compañías transnacionales, el cuadro se presenta más desolador aún.
En lo que al tema interesa, estos nuevos fenómenos de globalización, han producido a su vez, un debilitamiento mayor de los DDHH. Por tal motivo, 33 ONGs vinculadas con la promoción de los DDHH en el continente se vieron obligadas el año 1994 a enviar una carta a los jefes de Estado participantes en la Cumbre de Cartagena de Indias en Colombia, para denunciar el incumplimiento de los acuerdos sobre DDHH que se habían acordado en las cumbres anteriores.
En un extenso recordatorio se señalan distintas situaciones en que los Estados iberoamericanos no han tomado los debidos resguardos para salvaguardar flagrantes violaciones a los DDHH en sus más distintas manifestaciones. No sólo se trata de la denuncia de que junto a la caída de las dictaduras militares, persisten en la región situaciones que atentan contra la dignidad humana y la democracia, cometidas por Gobiernos reconocidos como democráticos. Más que eso, se trata también de que la dinámica del proceso económico vigente no puede reducirse a la creación de áreas de libre comercio y zonas de libre inversión que sólo benefician a grupos minoritarios de poder económico. Ello lejos de ayudar, desvirtúa los propósitos de integración latinoamericana al excluir de las decisiones y políticas a grandes mayorías y favorece indiscriminadas privatizaciones y desnacionalizaciones de importantes recursos de nuestros países.
Igualmente, la persistencia de la dominación, todavía abiertamente colonial, sobre algunos países del Caribe, constituye una violación del derecho fundamental a la independencia de estos pueblos e impide la vigencia de los DDHH en los mismos. Asimismo, solicitan aplicar las normas internacionales sobre derechos económicos, sociales y culturales en la formulación y ejecución de las políticas y acuerdos económicos nacionales, regionales e internacionales.
Entre otras consideraciones, expresan también su más profundo rechazo a la «violación del derecho a la autodeterminación de los pueblos y de los principios de igualdad soberana de los Estados y de no injerencia de un Estado en los asuntos internos de otro, que se expresa en la agresión militar, la invasión y la ocupación territorial, la práctica de la presión económica y los bloqueos financieros, comerciales y económicos para imponer la voluntad de un país sobre otro y provocar cambios en el interior de éste».
Las denuncias de estas ONGs, tienen el mérito de poner al descubierto un hecho que generalmente pasa desapercibido para la mayoría de los habitantes de nuestra región, esto es, que la defensa a ultranza de políticas que tienen a la vista el preservamiento del modelo neoliberal, privilegiando por encima de cualquier cosa las relaciones puramente mercantiles y de negocios, implica un severo revés para la aplicación de algunos principios y derechos fundamentales claramente establecidas en la Declaración Universal.
Si la historia de nuestro continente, tan plagada de acontecimientos, ha sido contada más de alguna vez por nuestros poetas, debemos recordar que en una ocasión Pablo Neruda nos dijo en sus versos: «he venido a contar esta historia». Y si así lo dijo fue para recordarnos que la historia de nuestra América Latina se ha contado ya muchas veces bajo el mismo libreto y el mismo escenario, sólo que han cambiado sus actores. ¿Estaremos condenados a que esta misma historia se siga repitiendo en un ciclo sin fin? No podríamos estar seguro de ello. Pero lo que sí podemos asegurar, es de que todo lo que se ha hecho en nuestra región en nombre del Progreso, ha sido copia y calco de políticas impuestas desde otros lugares. Así, tanto el liberalismo como el neoliberalismo no han sido invenciones nuestras y, aún, los débiles y efímeros intentos socialistas, no han sido otra cosa que malas copias de experiencias extraídas también de otros lugares.
Con la sola excepción de nuestros libertadores, no hemos sido capaces de pensar por nosotros mismos para crearnos modelos propios de Progreso; modelos verdaderamente conscientes con lo que hemos sido, con lo que somos y lo que queremos ser. Parecemos no darnos cuenta que así como hemos tenido una política balcanizada, fracturada, sistemas económicos fallidos y enormes desigualdades sociales, al mismo tiempo, por fortuna, hemos logrado conservar una asombrosa continuidad cultural que se ha logrado mantener en pie aún en medio de la debacle generalizada de nuestro sistema. Y este punto es una referencia sumamente concreta a partir del cual podamos ser capaces, no sólo de crear una política y una economía consecuente con nuestra propia cultura, sino que también, una política sobre DDHH que sea fiel expresión de las mismas.
Para ello tenemos de todo: obreros, campesinos, profesionales, empresarios, intelectuales, organizaciones femeninas, comunidades científicas, federaciones sindicales, Universidades, y junto a ello, también, una gran variedad de recursos y riqueza naturales que nos dejan en inmejorable posición para plasmar políticas propias que sean auténticamente nacionales, o con sentido regionales, según el caso. ¡En fin!…todo un espectro capaz de convertirse en los protagonistas activos de nuestra historia. Ya no sólo el Estado, la élite política, la Iglesia, o el ejército ordenándolo todo desde arriba, sino el conjunto de la sociedad participando y actuando desde abajo.
Ello requerirá de parte de nuestros pueblos de un compromiso geopolítico, que tenga presente que la causa de los DDHH es la causa y la lucha por los pueblos oprimidos que en la organización actual del mundo tienen una posición subordinada a los dictados de los países neocoloniales. Y que esta subordinación se aprecia más claramente del momento que la nueva dominación se ejerce ahora en forma más hipócrita y velada. Se trata, de la intervención económica, que impone políticas que nos obligan a producir más para obtener menos retornos. Como ejemplo, ahí están el comercio desigual, políticas arancelarias desfavorables, políticas de cambios, sistemas de dumping, fugas de capitales, lavados de dinero, sistemas de préstamos, bloqueos económicos, imposiciones del FMI, del Banco Mundial, etc. Un compromiso geopolítico que nos permita comprender que, en las actuales circunstancias, la dependencia y explotación y la vida gris y miserable de muchos millones de seres que pueblan nuestra región, conforman todavía parte de la trama sombría y lacerante de nuestro continente. En fin, comprender también que hablar de los DDHH en nuestra región debe mantener como referencia obligada la situación de relación y dependencia de nuestros países respecto de los países del Primer Mundo y lo que significa el neoliberalismo impuesto a nuestro continente.
Todo análisis que pretenda mediatizar el problema de los DDHH sin tomar en cuenta el marco de relación y de dependencia a que hemos estado sometidos desde siempre, querrá decir que sólo está eludiendo el problema de base, lo cual implica, que el problema en si no se aborda seriamente.
El compromiso con los DDHH para que se haga real y efectivo, tiene que comprometer ineludiblemente una acción revolucionaria en el más amplio sentido. Esto es, opción revolucionaria, entendida, no en el sentido tradicional, sino como un profundo cuestionamiento que debemos hacernos de la organización que impera en nuestro continente. Opción revolucionaria en el sentido de tomar partido por una lucha, pero no cualquier lucha, ni cuestionamientos sólo de algunos u otros aspectos de la sociedad, sino de su estructura fundamental
Subversión en fin, en un doble sentido, esto es, por una parte, una lucha contra el tutelaje extranjero que atenta contra nuestra libre determinación y nuestra soberanía y, por otra, una lucha que implique el propósito de cambiar las estructuras del sistema capitalista. Es decir, tener presente que un sistema que caracteriza a la sociedad por disensiones profundas y desgarradoras, que mantiene en pie instituciones represoras múltiples y diversas, es en si misma negadora de derechos fundamentales. Entonces, necesidad de revolución, en tanto la subversión consista en desenmascarar las tantas codificaciones que operan en las complejas estructuras de la sociedad, y sientan la base para inspirar procesos que busquen una nueva expresión transformadora que lleven a una nueva posición histórica a los Derechos Humanos.
Porque si bien han habido muchas revoluciones en el mundo, ello no invalida que para las nuevas condiciones imperantes en la región, sea necesario una nueva revolución social, que cambie drásticamente las condiciones de vida del pueblo, de una nueva revolución política, que modifique las estructuras del poder, de una nueva revolución material y económica que permita la distribución de la riqueza social en forma más proporcional y justa y, en definitiva y, sobre todo, una revolución humana que pueda crear sus propios paradigmas en reemplazo de los decadentes valores actuales. Es decir, necesidad más que nunca de una revolución axiológica (valores), lo que llevó a Leonardo Boff a expresar que, «necesitamos una revolución mundial en nuestras mentes, una revolución mundial en nuestros hábitos, una revolución mundial en nuestras sociedades, para que este clamor sea efectivamente oído y entendido».
Está claro, que para poder lograrlo en esta parte del mundo debemos dejar atrás el capitalismo. Y si es esa la meta, aceptar el reto de poder algún día diseñar un nuevo pensamiento programático que traspase el horizonte capitalista y anticipe los rasgos y contornos principales de una sociedad superior y posterior al capitalismo que sea válido para nuestra región.
Muchos debemos confesar que, a esa alternativa diferente, la continuamos llamando socialismo. Desde luego, el modelo del socialismo derrumbado no es la alternativa.
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