Insólita propuesta para incluir la pena de muerte en la Constitución

Por: Eduardo Labarca
Fuente: http://www.elmostrador.cl (09,02.22)

Al acabar con la pena de muerte, Chile fue fiel a la tendencia mundial, resultado de siglos de evolución de la cultura y la civilización, tendencia consagrada en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1977, que llamó a los Estados a “restringir progresivamente el número de delitos que puedan ser castigados con pena de muerte, siendo deseable la abolición futura de este castigo”. Chile es uno de más de 160 países que la han abolido o que han declarado una moratoria en su aplicación.
Cuando una amiga me “compartió” la noticia no dudé de que se trataba de otra fake news lanzada en las redes con mala leche. Pero activé Google y me llevé la sorpresa: era cierto.
Cierto: apoyada en abundancia de argumentos, la propuesta estaba allí con todas sus letras. ¿Quién era su autor o su autora? ¿José Antonio Kast o alguno de sus seguidores? ¿La diputada Camila Flores, cuyo proyecto para restablecer la pena de muerte tras el martirio de Ámbar sólo consiguió 13 votos de la UDI y RN? ¿Se trataría de uno de los comentarios habituales de los lectores de emol.com?
No. La autoría era de un hombre de izquierda, incluso de extrema izquierda. ¿Pero sería acaso un izquierdista primitivo, desconocedor de la historia y de los debates sobre la pena de muerte habidos desde la Grecia antigua y en el Chile republicano? Nuevamente no. Estoy hablando de un intelectual, un escritor, un poeta comprometido contra la dictadura y muy activo en los medios literarios y periodísticos, con un paso fugaz por la Sociedad de Escritores de Chile. Se trata de Alejo Enrique Ríos Orellana, conocido por su seudónimo “Alejandro Lavquén”. Es autor de una decena de libros, entre poemarios y volúmenes de cuentos, y a la vez de estudios sobre la mitología griega y una antología de Pablo de Rokha. Fue redactor cultural de la revista de izquierda Punto Final, ha sido conductor de programas de radio y YouTube sobre literatura y dueño de una librería, participa activamente en las ferias literarias y en la actualidad tiene un exitoso emprendimiento en que ofrece servicios de edición, revisión de textos y publicación a los autores.
Sin ir más lejos, esta misma semana en el periódico en línea Clarín, Alejandro Lavquén exhibe su talante izquierdista en una vehemente columna en la que exige una Constitución que consagre a Chile como “República Democrática, Multinacional y Multicultural”, cuya democracia se haga realidad “por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas de una Asamblea Nacional Legislativa” unicameral nacida desde las comunas, sin participación de los corruptos partidos políticos. Su condena a la ex Concertación es frontal: “¿Alguien duda de que el PS es una franquicia de la derecha, lo mismo que el PPD?”. Tampoco Boric le merece confianza, pues “resulta insólito, por decir lo menos, que el nuevo presidente haya conformado un gabinete con rémoras del PS y PPD. No son buenas señales para los cambios estructurales que se requieren”.
Conociendo desde hace años a Lavquén, imaginé que su propuesta para restablecer la pena de muerte iría contra los violadores de los Derechos Humanos, pero una vez más me equivoqué: a los violadores de DDHH no los menciona ni tampoco a los delincuentes de cuello y corbata o de uniforme que saquean las arcas del Estado, él se refiere a la delincuencia común. Su propuesta figura en una columna publicada en estos días en la web de Radio Cooperativa bajo el título “Chile: paraíso de la delincuencia por gracia del Parlamento”. Allí nuestro escritor izquierdista afirma que “cada día conocemos más portonazos, tráfico de drogas, crímenes por encargo (sicariato), motochorros, balaceras, secuestros, usura, etcétera, tomando razón que un porcentaje importante de estos delitos son cometidos por delincuentes colombianos, dominicanos, venezolanos y, en menor grado, haitianos y peruanos”.
Como forma efectiva de enfrentar la situación, propone “que ciertos delitos sean castigados con la pena capital y tengan categoría constitucional (sin derecho a apelación ni indulto), de manera que el juez esté obligado a aplicar tal pena sin mayor trámite. Entre esos delitos se debe considerar asesinatos, violación, pedofilia, secuestro, tortura, femicidio, asesinato frustrado, pornografía infantil, trata de blancas, entre otros”.
Vale decir, en la nueva Constitución, según Lavquén, se debería otorgar “categoría constitucional” a los delitos mencionados y obligar a los jueces a aplicar a sus autores la pena de muerte express en primera y única instancia, sin derecho a apelación ni recurso alguno ante un tribunal superior ni la posibilidad de un indulto.
Nadie desconoce los gravísimos problemas de la delincuencia y el crimen organizado fuera de control que vivimos en Chile, pero en el mundo entero las afirmaciones aparatosas como las de Lavquén y las medidas de este tipo forman parte del llamado “populismo penal”, caballo de batalla de las fuerzas conservadoras para ganar votos y subir en las encuestas con guiños xenófobos dirigidos a la galería, política que en la práctica nunca ha conducido a una disminución de la criminalidad, de lo que es un ejemplo el fracaso del gobierno de Piñera en la materia.
En Estados Unidos, país que mantiene la pena de muerte, la tasa de homicidios es superior a 5 por cada 100 mil habitantes; en Chile, sin haberse aplicado la pena de muerte en más de 37 años, esa tasa es de 3,5. En Canadá, en los cinco años que siguieron a la abolición de la pena de muerte, la tasa de homicidios disminuyó de 3,09 por cada 100 mil habitantes a 2,41. Ni los más entusiastas partidarios de la pena de muerte han podido demostrar que su vigencia tenga un efecto disuasivo y que a la hora de cometer su crimen el asesino entre en un proceso de reflexión costo-beneficio, cuando en ese momento su principal urgencia es que los policías no lo atrapen y, si lo atrapan, lo de la condena se verá después. Tampoco puede descartarse la eventualidad de un error judicial, sin que exista la posibilidad de devolver la vida al ejecutado.
La concepción de que un asesinato debe retribuirse con su equivalente, sumando un muerto a otro muerto, respondiendo al mal con el mal, pierde fuerza en el mundo día tras día. La experiencia ha demostrado que la única forma de enfrentar con posibilidades de algún éxito los complejos problemas de la delincuencia y la criminalidad, es mediante un conjunto de políticas, de las cuales la política de represión es una entre muchas, que lo aborden en profundidad desde los ángulos más variados y teniendo en cuenta la interacción entre diversos factores estructurales. Pero Alejandro Lavquén, desde su Olimpo, suma y sigue:
“El crimen se combate con leyes drásticas. En Chile debe ser eliminada la atenuante de ‘irreprochable conducta anterior’, también se debe eliminar el límite de edad para ser juzgado un delincuente. Todo delito debe ser juzgado dando lo mismo la edad del malhechor. Se deben eliminar todas las garantías que permiten que los delincuentes no cumplan sus penas en la cárcel; es decir, no más salidas dominicales ni reclusión nocturna. No más disminución de penas por ‘buena conducta’. Nada. Los delincuentes deben cumplir las penas de manera efectiva del día uno al día final de la condena.”
Según él, pues, al delincuente, aunque se trate de un adolescente o incluso de un niño, hay que reprimirlo sin compasión y encerrarlo en el infierno de las cárceles chilenas sin atenuantes ni garantías de ningún tipo, a menos que la pena capital lo deje definitivamente fuera de juego.
La abolición de la pena de muerte fue propuesta por Patricio Aylwin cuando retornó la democracia y, al cabo de once años de tramitación y sin que se aplicara una sola vez durante ese tiempo, se convirtió en ley en 2001 bajo el gobierno de Ricardo Lagos con el voto en contra de parlamentarios de derecha. La pena capital fue remplazada por “presidio perpetuo calificado” y solo subsiste hipotéticamente en el Código de Justicia Militar (artículos 216, 235, 240) para delitos cometidos en tiempos de guerra. Durante la dictadura de Pinochet, el “argumento jurídico” del estado de guerra fue utilizado por los tribunales militares para condenar a muerte a los opositores. El restablecimiento de la pena capital en la Constitución que propone Lavquén chocaría con el Pacto de San José de Costa Rica, suscrito por Chile, que dispone con valor vinculante para nuestro país que “no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”.
Al acabar con la pena de muerte, Chile fue fiel a la tendencia mundial, resultado de siglos de evolución de la cultura y la civilización, tendencia consagrada en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1977, que llamó a los Estados a “restringir progresivamente el número de delitos que puedan ser castigados con pena de muerte, siendo deseable la abolición futura de este castigo”. Chile es uno de más de 160 países que la han abolido o que han declarado una moratoria en su aplicación. En el bando contrario, a la cabeza en el número de ejecuciones figuran China, Irán, Pakistán, Egipto y Arabia Saudita; en el caso de los países islámicos se suelen castigar con pena de muerte el adulterio y la sodomía.
Desde que el mundo es mundo, el homo sapiens ha ajusticiado a sus semejantes dándoles muerte lenta o instantánea en un magno espectáculo ante muchedumbres enardecidas, utilizando para ello les métodos más sofisticados: crucifixión, desmembramiento, decapitación, envenenamiento con cicuta, lanzamiento a las fieras, despeñamiento, lapidación, ahorcamiento, vaciado de metal fundido por la boca, empalamiento, sumersión, asaetamiento, inmovilización del condenado sobre un hormiguero, privación de alimentos, garrote vil, guillotina, fusilamiento, cámara de gas, disparo en la nuca, silla eléctrica, asfixia con una bolsa plástica, inyección letal, etc., etc., etc. Para cumplir la tarea, nunca ha faltado un verdugo eficiente.

Alejandro Lavquén no nos dice cuál es su método preferido, ni tampoco si él se ofrecería para ponerlo en práctica.

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