Hernán Montecinos

Fuente: http://www.pnews.cl
(13.08.11)

En una circular publicada al interior del ejército en abril del 2009 (CJE SGE DAI (R) N° 1500/3 PLAN A-1), el ex Comandante en Jefe de esa institución y actual subsecretario de defensa, General Oscar Izurieta Ferrer, amenaza con sanciones disciplinarias y administrativas a todo el personal bajo su mando que pretenda recurrir directamente a organismos de transparencia del Estado, como la Contraloría General de la República, la Corporación de Asistencia Judicial especializada en derechos humanos, la Oficina de transparencia del ejército, sin haber realizado las denuncias a través del conducto regular institucional “para el tratamiento adecuado de las mismas”, según esta circular en su punto 4: “se ha podido constatar que personal en servicio activo, infringiendo el deber de respetar y utilizar el conducto regular, se dirige directamente a autoridades de distintos poderes u organismos del Estado, planteando y/o reclamando por situaciones que dicen relación con asuntos que atañen a su condición de integrantes del ejército y, por lo tanto, que corresponde sean canalizados a las autoridades institucionales competentes”.

Con las manos amarradas

Siendo el personal del ejército funcionarios del Estado, el conducto regular al que son sometidos les impide denunciar hechos de corrupción al interior de la institución estableciendo una normativa que actúa con la clara intención de disfrazar o maquillar las irregularidades que se presentan en la rama castrense, según la circular emitida por Izurieta en su punto 8, inciso b : “Para todos los mandos: Deberán orientar al personal bajo su mando del estricto cumplimiento del conducto regular, considerando tomar todas las medidas que sean necesarias, de tal manera que posibiliten canalizar y solucionar los problemas o situaciones que este exponga, con el propósito de evitar, por una parte, la transgresión del procedimiento establecido y, por otra, afectar negativamente la imagen institucional” . A través de este tipo de disposiciones se ven violado los derechos de estos trabajadores como funcionarios públicos

¿Juez y parte?

Presentamos la denuncia del ex Cabo Segundo Cristian Opazo Otarola (denuncia publicada por Panoramas News número 33) quién en pleno ejercicio de su cargo presenció los siguientes hechos de corrupción: Arriendos de vehículos fiscales a personal externo al regimiento logístico del ejército N° 1 Bellavista, pago fraudulento de viáticos, licitaciones dirigidas y compra de repuestos a empresas sin patente comercial y con pago a estas con precios excesivos que constituyen claramente fraude al fisco.

Frente a estos hechos, el Cabo Opazo decidió seguir el “conducto regular” e informó esta situación a sus mandos quienes se encontraban en complicidad con las personas que estaban realizando estos ilícitos. Posteriormente acudió a la oficina de derechos humanos de la Corporación de Asistencia judicial estableciendo la denuncia que a su vez informó al comandante en Jefe y al subsecretario de guerra por posibles persecuciones en contra de Opazo, por llevar el caso fuera del ejército. Debido a la gestión de la Corporación de Asistencia Judicial, el coronel Juan Carlos Vega Manríquez es mandatado para investigar las denuncias por lo que dispone al Cabo Opazo que preste declaración y entregue todas las pruebas sobre los hechos denunciados al oficial de inteligencia, comandante Elgueta. Sin embargo, en las denuncias realizadas por Opazo, se identifican a estos dos oficiales: el coronel Juan Carlos Vega Manríquez (posteriormente agregado militar en Alemania, supuestamente coordinador de la compra de los Leopard 2), el oficial de inteligencia Comandante Juan Carlos Elgueta (destinado a la zona norte) y también al Coronel Eduardo Rojo Sepúlveda (destinado a dependencias de la división logística).

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