¿Qué significa ser de izquierda hoy?

Por: Raquel Gutiérrez Aguilar
Fuente: Rebelión.org.

Ciudad de México-La Habana, abril-mayo de 2004. Ponencia presentada en el Foro sobre izquierda en América Latina, sábado 8 de mayo, Ciudad de México.
Hay ocasiones cuando las ideas y los conceptos básicos que nos permiten volver inteligible la realidad parecen no tener la agudeza necesaria como para brindarnos una comprensión cabal de lo que sucede. Hay momentos históricos en los que no es fácil distinguir entre los distintos proyectos sociales y políticos defendidos por uno u otro grupo partidario y/o social. Según percibo, la noción de “izquierda” está actualmente entrampada en cierta opacidad. ¿Es de izquierda un movimiento social que derroca a uno o varios presidentes, como en Bolivia en el 2003, en Argentina a fines del 2001, en Ecuador en el año 2000, y no se propone tomar el poder? ¿Es de izquierda una propuesta política partidaria que nos propone contemporizar los intereses de ciertas fracciones del capital nacional, negociar los niveles de saqueo transnacional y atender en alguna medida necesidades básicas de la población?

En las siguientes líneas presentaré algunas notas esquemáticas para bosquejar un mapa que, espero, nos permita orientarnos en el panorama político y social de América Latina hoy. Siendo un tema tan amplio, tendré que manejarlo en un nivel bastante alto de abstracción lo cual, espero que no sea una debilidad demasiado grande.

Lo que el neoliberalismo ha hecho de y con los pueblos, de y con la riqueza social, de y con los derechos colectivos

Un primer elemento consiste en visualizar con claridad algunos rasgos de ese fenómeno al que llamamos “neoliberalismo” o “globalización neoliberal”, y que a veces, esconde más que aclara. La intención de precisar lo que entendemos por neoliberalismo, está en que sólo así sabremos qué esperar de la lucha por “derrotar al neoliberalismo”, que es a fin de cuentas aquello en lo que cualquier izquierda que se respete debiera concentrarse.

Más allá de la apertura de los mercados de bienes y capitales, de los múltiples mecanismos de supuesto “adelgazamiento del Estado” y “reformas estructurales”, de reformas fiscales y monetarias y de la construcción paulatina de un entramado legal – nacional e internacional- que busca la preservación del orden imperante; hay cuando menos tres elementos abstractos que permiten entender la lógica interna de la contemporánea ofensiva general del capital contra el trabajo que toma el nombre de neoliberalismo:

i) Por un lado, el neoliberalismo ha sido una ofensiva política y económica en toda la línea contra la población trabajadora de todos los países de América Latina. Con el neoliberalismo se ha establecido una nueva forma de “uso de la fuerza de trabajo” basada en su más radical depreciación, en su ampliación bajo modalidades anómalas e informales, en formas intensas de sobre-explotación que combinan maneras que parecían ya superadas de elevación de la plusvalía absoluta, con nuevos mecanismos de elevación de la plusvalía relativa. Es decir, el neoliberalismo se despliega en una sistemática y permanente pelea por imponer condiciones inadmisibles para el uso de la fuerza de trabajo y es, en este sentido, una continua acción de sometimiento de la capacidad de trabajo.

ii) El neoliberalismo ha consistido, también, en una gigantesca acción de despojo, de acaparamiento y monopolización de la riqueza social acumulada por generaciones. La ola de privatizaciones de empresas estratégicas de petróleo, energía eléctrica y agua anteriormente públicas, de la seguridad social y los fondos de pensiones, de la tierra y los servicios en todos los países de América Latina, con sus variantes locales de “capitalización”, “apertura de mercados” o directamente entrega al capital transnacional, es la forma como se ha llevado a cabo el saqueo.

iii) Además, el neoliberalismo ha ido de la mano con el desmantelamiento de las estructuras sociales que garantizaban la posibilidad de ejercicio de determinados derechos colectivos anteriormente reglamentados y que habilitaban ciertas formas de participación política, a través de los cuales no sólo se garantizaban algún nivel de participación social en el conjunto de la riqueza social sino que también, jugaban un papel en la posibilidad de los distintos segmentos sociales de influir en las políticas nacionales. A través de una sistemática destrucción del tejido social, el neoliberalismo ha buscado convertir a la sociedad en un conjunto controlable de ciudadanos aislados, manipulables e impotentes, concordantes con los planteamientos básicos de la democracia liberal formal. Tal destrucción e impotenciación ha ido paralela a innumerables esfuerzos de contención legal de la protesta, de limitación de los derechos de participación política -por la vía de la partidización de la sociedad- y de criminalización de la lucha social que pueden rastrearse en las distintas leyes de “seguridad” y reformas políticas promulgadas en casi todos nuestros países en los últimos 10 años.

Así, estas son las cuestiones que considero centrales para entender el significado de la ofensiva neoliberal: sorda guerra por imponer cierta forma de uso de la fuerza de trabajo, acaparamiento y despojo de la riqueza social acumulada y vaciamiento y anulación de la capacidad política de la sociedad.

Lo que la sociedad trabajadora está haciendo a partir de lo que han hecho con y de ella

Tras el desconcierto y parálisis producidos a raíz de esta violenta ofensiva neoliberal iniciada en los 80´s en todo el continente, alrededor del año 2000 podemos situar una especie de punto de inflexión histórico, marcado por la reconstitución de cierta capacidad de respuesta social para movilizarse y oponerse al régimen de inseguridad y empobrecimiento creciente que acarrearon las políticas de “reforma estructural”. Si el alzamiento zapatista de 1994 en México, que coincidió con la entrada en vigor del TLCAN anunció tempranamente con su estruendoso ¡Ya basta!, que la resistencia a los planes del capital seguía presente; es más o menos en el 2000 cuando comienzan a brotar con mayor fuerza múltiples acciones de lucha a lo largo de América Latina. El 10 de enero de 2000 se iniciaron los bloqueos de caminos en torno a Cochabamba, Bolivia, donde una subsidiaria de la trasnacional Bechtel acababa de apoderarse del agua, tradicionalmente escasa en la región. Once días después, el 21 de enero, 12,000 indígenas ecuatorianos rodeaban el Palacio de Justicia y el edificio del Congreso en Quito, exigiendo la salida de la presidencia de Jamil Mahuad, el nefasto presidente “dolarizador”, sucesor de otro presidente, Bucaram, también destituido unos años antes.

Esto fue el preludio de la Guerra del Agua en Bolivia, de la reactivación de la insurgencia indígena aymara, de la expansión de la capacidad de acción de la CONAIE y del Movimiento Nacional Pachakutik y del posterior levantamiento de Arequipa que defendió la empresa municipal de electricidad de la voracidad del capital. Igualmente en el 2000, los piqueteros se consolidaron en Salta y Jujuy y comenzaron a aparecer en el Gran Buenos Aires. En Brasil, el MST ocupaba nuevas haciendas y a través de él, como en muchas otras ocasiones, se movilizaban miles de personas.

En los años siguientes, hemos presenciado la expansión de esta tendencia. En Argentina, antes del estallido de diciembre de 2001, cuando un gigantesco motín civil destituyó a varios presidentes y estableció claramente que la sociedad argentina estaba dispuesta a poner límites al atraco transnacional de su población, hubo más de 300 acciones colectivas de corte de ruta, implementadas por esos anómalos y tumultuosos conglomerados humanos que son los piqueteros, esa especie de sans- coulottes, de personajes híbridos, ex obreros ahora pequeños comerciantes, en medio de redes familiares que se dedican a la producción en pequeña escala de alguna mercancía sin futuro en el mundo global; o jóvenes y mujeres lanzados al empobrecimiento más abyecto pero que aún así se las ingenian para sacar, cada día, un poco de alimento con el cuál sobrevivir: los nuevos pobres urbanos comenzaban, también, al igual que los indios mexicanos, bolivianos y ecuatorianos, a rebelarse.

Y esto sucedía cuando otra oleada de malestar indígena sacudía Bolivia:

nuevamente los bloqueos aymaras en el 2002, nuevamente la insurgencia cocalera. Y el MST, silencioso y tenaz, organizando y realizando sus ya incontables tomas de tierra, pero más importante aún construyendo de a poco sitios donde se pretende vivir, convivir y sobrevivir de manera diferente, digna y autónoma. Y en México la movilización y tenacidad de los ejidatarios y pobladores de Atenco echó a la basura el más grande proyecto económico del sexenio foxista: la construcción del nuevo super- aeropuerto de la ciudad de México.

El 2003 hemos visto una inusitada aunque todavía no muy definida movilización en Perú contra las políticas de Toledo y acudimos a la gigantesca acción de lucha por la defensa del gas que el pueblo aymara y boliviano protagonizaron en septiembre y octubre hasta hacer caer al emblemático presidente neoliberal, Sánchez de Lozada.

Así, resulta que si observamos todo este panorama, el balance no es malo: en tres países de América Latina han caído presidentes que han pretendido aplicar proyectos socialmente inadmisibles a partir de la decisión social de no soportar más sus decisiones; en otros más sin llegar a crisis políticas tan extremas, se han fondeado planes económicos de enorme importancia, en algunos más se han llevado a cabo amplias acciones de recuperación de tierras y territorios. En fin, a partir del 2000 presenciamos una nueva oleada de participación social, de movilización política a través de movimientos sociales de muy diversas clases y con creciente capacidad de intervención en el asunto público.

Sin entrar a describir los rasgos que caracterizan a estos llamados “nuevos movimientos sociales”, como su carácter territorial y su horizontalidad, su flexibilidad y su distancia a los cánones clásicos e institucionales de la política, pongo a consideración dos aspectos de su forma de acción política que me parecen relevantes para el objetivo de este trabajo:

En primer lugar, los movimientos sociales en toda América Latina parecen ir consolidando una gran capacidad de veto, es decir, si algo tienen en común las acciones de movilización social desarrolladas desde Argentina hasta México, pasando por Bolivia, Perú y Ecuador es que hombres y mujeres de las asociaciones más diversas y de múltiples sectores sociales, logran enlazarse en un determinado momento para expresar contundentes ¡NO´s! contra partes significativas de los proyectos políticos y económicos de las elites gobernantes: ¡no a la privatización del agua!, ¡no a la política de enajenación del ahorro privado propuesta por De la Rua!, ¡No a la privatización de la Empresa municipal de electricidad en Arequipa!, ¡No a la construcción del aeropuerto en las tierras colectivas de Atenco, México!, ¡No a la venta del gas en las condiciones impuestas por las transnacionales!

Así, un elemento común de todas estas luchas es su capacidad de vetar, de impedir el desarrollo de específicos proyectos de las transnacionales auspiciados por los distintos gobiernos locales. En cierto sentido, cada una de estas irrupciones de lucha social es una reactualización del ¡Ya basta! Zapatista de 1994. Todas ellas son acciones de movilización tumultuosa, multitudinaria y contundente que expresa que la población no está dispuesta a aceptar más la continuación de los planes neoliberales de saqueo y que tiene capacidad de defender lo que sabe que colectivamente le pertenece.

En segundo lugar, un segundo rasgo que aparentemente comparten todos estos movimientos, es la ausencia de un proyecto estructurado de un futuro distinto más allá de la enérgica oposición a aspectos puntuales de los planes del capital. En los casos de Argentina en 2001-2002 y de Bolivia en 2003 esto es notable. La sociedad movilizada se dota de una finalidad específica, la consigue aunque sea a medias a través de su tenaz y esforzada movilización y una vez asentada su capacidad y presencia -tras “hacerse sentir” como expresaba la gente de El Alto en octubre- la energía social parece nuevamente disiparse y la cohesión de la multitud, a primera vista, se debilita.

Cabe aquí hacernos la pregunta de si este rasgo de las movilizaciones, percibido como ausencia de un proyecto político más nítidamente visible, no es una mera apariencia que brota de la falta de agudeza de nuestros propios esquemas de intelección del acontecimiento real. Pienso que si entendemos la política sólo como el conjunto articulado de múltiples acciones desplegadas con el fin de hacerse cargo de la administración y el control del Estado, por cualquier vía, electoral o no; entonces inmediatamente salta la consideración de tal elemento como ausente de las ambiciones y perspectivas políticas puestas en marcha a través de las movilizaciones en ciertos países como Bolivia, Argentina y el zapatismo en México.

Sin embargo, si entendemos por política de izquierda ante todo, la masiva intervención colectiva en la definición de lo que ha de hacerse a nivel público; si consideramos política la confrontación social que busca establecer nociones distintas de lo que debe entenderse por bien común, entonces las luchas de estos movimientos tienen un contenido altamente político y, más bien, es posible que a través de algunos de sus rasgos constitutivos lo que estén planteando sea un cambio de civilización: el “mandar obedeciendo” que se replica explícitamente en Argentina y que de alguna manera se encuentra en la movilización boliviana reciente, habla de una ruptura con un fundamental principio liberal de la política que es la delegación de la soberanía colectiva en un representante. Además, los esfuerzos para llevar a cabo la resistencia o bien han tensado, politizado y conseguido la autonomía de ciertas estructuras sociales anteriormente manipuladas clientelarmente por las elites, o bien han empujado a la construcción y consolidación de nuevos organismos sociales para habilitar la intervención política de los ciudadanos que funcionan de manera no vertical, con casi ninguna jerarquía y donde se establecen formas de asociación y participación flexibles y muy comprometidas. Todo esto insinúa una especie de reconfiguración autónoma de la sociedad que fortalece y garantiza su capacidad de intervención en el asunto público.

Así, sumando la capacidad de veto ya alcanzada y el reforzamiento de estas redes sociales de participación y acción política, encontramos que quizá lo que vamos presenciando es el despliegue de una estrategia política del movimiento social que podemos denominar como de “cerco y construcción”: se ponen cercos al poder, físicos como en Bolivia o políticos como en Argentina, de tal manera que la posibilidad social de vetar partes específicas de los planes neoliberales se acrecienta y, al hacerlo, se construye capacidad social de intervenir en el asunto público, de dotarse de fines, de hacer política.

Ahora bien, una y otra vez he insistido en que los nuevos movimientos sociales vetan, impiden y obstaculizan a través de su movilización, puntos específicos de los planes neoliberales en marcha. Sin embargo, una debilidad suya está en la dificultad para lograr dotarse de nuevos fines políticos comunes y autónomos, una vez conquistado el objetivo inicial de la movilización. En cierta medida, esto sucedió en Argentina tras los levantamientos del 20 y 21 de diciembre: unos meses después se llevaron a cabo elecciones donde compitieron las elites partidarias y si bien Kirchner se ha visto empujado por los altísimos niveles de indignación y desconfianza social, a renegociar las condiciones de la sumisión y expoliación argentina frente al capital transnacional, todo esto marcha lenta y confusamente y no toca los aspectos fundamentales del dominio neoliberal de la sociedad argentina. En Bolivia sucede otro tanto: a casi siete meses de la huida de Sánchez de Lozada, el movimiento social no consigue obligar a Mesa a cumplir con el mandato que le dio cuando tomó posesión, si bien los planes de exportación del gas tampoco logran avanzar.

En este escenario se contraponen dos presencias políticas claramente diferenciadas. Por un lado, el ámbito de lo formal, con los institutos electorales reformados y creíbles en casi todos los países, que impulsan la contienda electoral como forma fundamental de participación política, y ahí dentro, ciertas versiones partidarias de izquierda ciertamente descoloridas. Y, por otro, los amplísimos espacios abiertos por las luchas sociales, que son vigorosas por momentos, aunque también discontinuas en el tiempo y, sobre todo, sostenidas por asociaciones flexibles y cambiantes que vetan proyectos, cercan al poder y tendencialmente construyen formas de socialidad y de intervención política distintas.

Ninguno de estos dos ámbitos parece tener propuestas políticas explícitas de por donde avanzar. Por el lado de lo que podemos llamar “izquierda partidaria”, ni en México ni en Brasil donde tenemos expresiones nítidas de esta tendencia, en un gobierno local y en el gobierno federal respectivamente, los partidos en cuestión presentan proyectos donde se propongan caminos de superación del neoliberalismo, entendido en sus múltiples significados de ofensiva global del capital. Tanto el PRD mexicano como el PT en Brasil, van ajustándose a lo que consideran “posible”, intentando negociar límites y ambicionando quizá lo que se podría entender como un “capitalismo regulado”. Estos partidos, y aquí presento una afirmación fuerte que someto a discusión, no tienen si quiera un programa reformista: se limitan a negociar modalidades menos duras de vehiculización de la política y los proyectos del capital transnacional.

Ahora bien, por el lado de lo que se viene llamando “izquierda social”, y específicamente, en el terreno de la política de los movimientos sociales que han estado poniendo en jaque a distintos gobiernos latinoamericanos en los últimos años, tras las explosiones recurrentes de furia contenida, tras la acción de veto e impedimento de ciertos planes, la formulación de propuestas estratégicas de superación del neoliberalismo parece avanzar con gran dificultad, aunque no la acción práctica de construir desde la base relaciones sociales y políticas distintas, potencialmente preñadas de vigorosas posibilidades de transformación.

Si tal ausencia de una propuesta política más general, tendencialmente superadora del dominio neoliberal es cierta, tanto en los movimientos sociales como en la llamada “izquierda partidaria”, lo que busco en la tercera parte de este trabajo es sugerir un criterio para, colectivamente, irle dando cuerpo a un posible horizonte de deseo común que pueda dar contenido a una política de izquierda.

La reapropiación social de la riqueza colectiva y de la vida como eje principal de un programa de izquierda

6. El elemento común que se expresa en casi todas las movilizaciones sociales en el continente, es que surgen de una pelea, de una conflagración por la propiedad y destino de ciertos recursos básicos, ya enajenados o en disputa: el agua en Cochabamba, la electricidad en Arequipa, los ahorros de los ciudadanos y otros recursos públicos en Argentina, el gas en Bolivia entera, la tierra y el destino de ésta en Atenco, México. Algunas de estas luchas son por evitar un despojo -Cochabamba, Argentina, Atenco, Arequipa-; otras son por impedir nuevas acciones de despojo que se sostienen en un saqueo anterior -Bolivia, 2003-.

Así, la propiedad de los recursos naturales o económicos está en el fondo de las más importantes movilizaciones recientes; y si bien, no es todavía la propiedad de los bienes saqueados lo que se ha puesto en entredicho a través de la lucha, o al menos no explícitamente y más bien los diversos movimientos han tenido como contenido la defensa de lo que todavía es, cuando menos, propiedad pública o colectiva; pareciera estar apareciendo una tendencia, al menos en Bolivia, hacia la disputa de la propiedad de los recursos naturales -que fue enajenada anteriormente.

En Bolivia actualmente, a partir de la crítica de la Ley de Hidrocarburos, es decir, de la ley que permitió el ingreso de las transnacionales al sector energético y que afianzó la entrega de tales recursos al capital extranjero, se comienza a bosquejar y a discutir la necesidad de la reapropiación social del petróleo y el gas; igual que se luchó por la reapropiación del agua en el 2000.

La idea de re-apropiación social de los recursos saqueados, como horizonte movilizador tiene enorme fuerza pues alude a los criterios básicos de lo que es moralmente admisible: no es moralmente admisible que en la explotación de un recurso natural como el gas, al pueblo boliviano sólo le corresponda el 18% del rendimiento, mientras que las transnacionales acaparan el 82% restante en forma de ganancia. Esto en el caso concreto de Bolivia, pero la idea de re-apropiación de la riqueza social puede sintetizar también la lucha de los obreros argentinos que ocupan fábricas, de los trabajadores mexicanos de la energía que impugnan la modalidad específicamente local de privatización de este sector industrial, etc.

Además, por expresarlo de alguna manera, la lucha por la re-apropiación colectiva de la riqueza social es una “consigna flexible”, es decir, no necesariamente se compromete con un programa de re-nacionalización aunque puede incluirlo; puede amparar un terreno previo de disputa de las condiciones del saqueo -impuestos a las transnacionales, modalidades de participación de capital extranjero, etc.- y puede también llegar a adquirir un contenido de mayor radicalidad como la “transformación social de la empresa recuperada” como se planteó para el Servicio Municipal de Agua (SEMAPA) en Cochabamba tras la guerra del Agua. De lo que se trata a partir de reflejar las múltiples luchas locales en el espejo de la pelea general por la re-apropiación social de la riqueza y de la vida, es de diagramarnos colectivamente una idea fuerza que nos permita reconocernos y distinguirnos entre luchadores de izquierda.

Un partido que no explica a sus militantes y a la población en general, los pasos que ha de dar para re-apropiar para usufructo público la riqueza social, que no se propone claramente la re-apropiación de derechos colectivos desmantelados o amenazados, es decir, que no se compromete con la reapropiación de la decisión sobre las condiciones de uso de la fuerza de trabajo, sencillamente no es de izquierda. Y aquí vale la pena una observación crítica sobre la política en México: las movilizaciones obreras más grandes del último periodo, aquellas en defensa del sector eléctrico nacionalizado, expresan su límite en la medida en la que no se proponen explícitamente la recuperación, la reapropiación de lo que ya ha sido expropiado por las transnacionales en términos de contratos de servicios múltiples ya firmados y de plantas de generación de energía ya entregadas. Y este límite lo encarnan, lastimosamente, tanto los parlamentarios del PRD como los compañeros del SME.

La lucha por re-apropiarse de la riqueza social, en sus múltiples formas, hoy acaparada por el capital transnacional, es sin duda una pelea llena de obstáculos y de dificultades. El neoliberalismo, en este sentido, es un sistema cerrado de afianzamiento de la propiedad privada: los convenios internacionales, los tratados comerciales, las leyes de protección a la inversión son auténticos candados del capital extranjero para protegerse de la eventualidad de que los pueblos se propongan recuperar lo que ha sido rematado.

En Bolivia hay ya una experiencia, aunque pequeña: el agua de Cochabamba, recuperada para el municipio en la Guerra del Agua del 2000, había sido ya entregada a la transnacional Bechtel unos meses antes. Hoy, Bolivia como estado enfrenta una multimillonaria demanda en tribunales internacionales por “ganancias no devengadas”, que presentaron los ejecutivos de dicho consorcio. Además, en los años 2001 y 2002 se hicieron amplios esfuerzos por empujar la transformación social de la empresa “recuperada”, que dejaron más preguntas pendientes que éxitos concretos acerca de cómo emprender este camino.

Pese a todo, y sobre todo viendo ahora la aguda crisis energética que está surgiendo en los países más australes de América, considero que la consigna de re-apropiación de los recursos públicos enajenados por el neoliberalismo está en el centro de la posibilidad de que articulemos, desde el movimiento social, y también desde la izquierda partidaria, un nuevo proyecto de izquierda, hoy.

Si la izquierda partidaria continúa simplemente ambicionando la ocupación del aparato del Estado por sí misma, sin tomar posición contundente sobre lo que es necesario hacer para viabilizar algún tipo de posibilidad de ampliar el bienestar social hoy sometido completamente a la lógica de la ganancia, sus propuestas seguirán sonando huecas al conjunto de la población y sus organizaciones se verán atrapadas en la más sucia corrupción.

Si los movimientos sociales esforzados y contundentes en sus batallas de resistencia cada vez más frecuentes y duras no comienzan a pasar a la ofensiva, afianzando el tejido social que han reconstruido en las acciones de resistencia, corren el riesgo de verse subordinados por los tiempos políticos del Estado y de la democracia formal y por la dispersión que siempre amenaza las acciones colectivas.

La estrategia de cerco y construcción que, considero, nos permite entender el conjunto de acciones que, como una gigantesca coreografía de la lucha, van desplegando los pueblos de América Latina, necesita un nuevo acorde que imprima un nuevo ritmo: la reapropiación de la riqueza enajenada, la recuperación social de los recursos públicos, de los derechos colectivos y políticos, bajo diversas modalidades, de muy diferentes maneras, puede actualmente servirnos de criterio para entender el contenido de la lucha de izquierda y avanzar en el cerco, que necesariamente tendremos que poner entre toda la población sencilla y trabajadora de nuestros países.

Necesitamos, considero, salir de la paradoja de la “cercanía al poder” expresada con claridad por el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, cuando explicaba la ruptura de la alianza política que esta organización hizo con el presidente Gutiérrez: “nunca hemos sido más débiles que cuando estuvimos en el gobierno”. Y en este asunto de la cercanía con el poder, si los movimientos sociales no tienen una serie de ideas estratégicas básicas de por donde avanzar, su acercamiento al poder, sus alianzas con otros partidos o incluso la formación de “instrumentos políticos” desprendidos de y controlados por los propios movimientos como se ha ensayado en Ecuador y en Bolivia, no darán los frutos esperados.

Necesitamos pues, colectivamente discutir ¿qué significa “terminar con el neoliberalismo”? Y responder a esta pregunta de la manera más concreta posible.

Hacernos tal interrogante es equivalente a preguntarnos, ¿qué queremos como sociedad? Ese mundo que sabemos que es posible porque estamos dispuestas/os a construirlo… ¿cómo creemos que tendrá que ser? Y como comenzamos a hacerlo hoy, en lo pequeño, en lo local, en la convivencia diaria; pero también en la lucha general por recuperar lo que ha sido producido por nosotros, por nuestro trabajo y que hoy, controlan y disfrutan sólo unos cuantos.
 

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